El Congreso de Honduras aprobó la figura del juicio político con el fin de permitir la remoción de sus cargos de cualquier funcionario del Estado, incluido el presidente de la República.
“Es un día histórico para el Congreso Nacional. El juicio político es una herramienta que marca un antes y un después en nuestra vida constitucional. Estamos contentos porque permite enjuiciar a los altos funcionarios del Estado cuando su conducta no es acorde con los intereses nacionales y la constitución”, declaró el diputado Mario López, de la Comisión de Estudio de la Ley y miembro del gobernante Partido Nacional.
López explicó que “en cualquier doctrina constitucional del mundo, usted va a encontrar que es el Congreso el órgano encargado de investigar a los funcionarios y tomar las decisiones, porque para eso somos el órgano representativo del pueblo” y añadió que “es una medida no sometida a control jurisdiccional y es inapelable ante cualquier instancia”.
Según la ley aprobada, cualquier funcionario, desde un alcalde hasta un juez pasando por los jefes de las fuerzas armadas, podrá ser destituido por el Congreso Nacional por mayoría simple. Solo para la destitución del presidente de la República se requiere del voto de las tres cuartas partes de la cámara.
Mario López consideró al juicio político “una herramienta que nos sirve para que Honduras no vuelva a pasar por lo que pasó en 2009. Honduras no hubiera sido sancionada por la OEA, condenada por los organismos internacionales, si hubiéramos dispuesto de esta nueva ley”.
