El Gobierno y la oposición comenzaron a prepararse para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigido durante las protestas multitudinarias que este domingo sacudieron las calles de todo el país.
"No podemos desconocer el tamaño de la manifestación", declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, sobre las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país y que movilizaron al menos a 3.6 millones de personas en cientos de ciudades para exigir la destitución de la mandataria.
Pimentel participó en una reunión convocada por Rousseff con siete de sus ministros y algunos legisladores oficialistas para analizar el impacto de las protestas, de las que este domingo el Gobierno se limitó a reconocer su "carácter pacífico".
El legislador explicó a periodistas que una de las decisiones adoptadas es que la base parlamentaria oficialista debe promover un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.
"Tenemos que conversar y escuchar mucho" y eso debe hacerse con "todos" los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los que alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel.
La oposición, por su parte, sostuvo que el mensaje enviado desde las calles es "clarísimo".
Los brasileños "han dicho que quieren que este gobierno acabe", declaró Antonio Imbassahy, jefe del grupo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD) en la Cámara de Diputados.
"Las calles enviaron un claro recado y ahora el Congreso debe atender el llamado y acelerar el proceso" contra Rousseff, dijo el diputado, quien aseguró que "los brasileños estarán ahora mucho más atentos y no darán otra oportunidad a los parlamentarios que se nieguen a escuchar su voz".
El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó "errores de procedimiento" en los trámites.
La mesa directora de la Cámara de Diputados, responsable por el desarrollo del proceso, pidió algunas aclaraciones, que el tribunal tiene previsto responder el próximo miércoles, con lo que quedaría despejado el camino para la reanudación del trámite.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, anticipó que su intención es que el proceso sea retomado el mismo jueves, un día después de que la Corte Suprema se pronuncie.
"Intentaremos que sea así", dijo Cunha, quien forma parte de las alas disidentes del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que también se han posicionado a favor del juicio político contra Rousseff.
Tercer ministro
- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció que el subprocurador general de la República, Eugenio José Guilherme de Aragao, asumirá como su nuevo ministro de Justicia en lugar de Wellington Lima, cuyo nombramiento fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Brasil la semana pasada.
- De Aragao será el tercer ministro de Justicia de Rousseff en las dos últimas dos semanas, tras José Eduardo Cardozo, sustituido el 3 de marzo pasado, y Wellington Lima, que solo ejerció el cargo seis días debido a que la máxima corte consideró que su condición de miembro del Ministerio Público le impedía asumir un puesto en el Ejecutivo.Pese a que De Aragao también es miembro del MP (fiscalía).
