El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, dijo ayer que Washington quiere que se dé el "primer paso" para resolver la crisis de Irak y que ese paso es la vuelta de los inspectores de armas de la ONU a Bagdad, para evaluar la capacidad armamentística del régimen del presidente Sadam Hussein.
Los comentarios de Powell parecen contradecir la postura tomada por el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, que dijo la semana pasada que no hay ninguna razón para que vuelvan los inspectores de armas a Irak.
En declaraciones a la cadena de televisión BBC, Powell dijo que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quiere que vuelvan los inspectores, que tuvieron que abandonar el país en diciembre de 1998.
Justificó su actuación como una respuesta al sentir de la nación y sometida únicamente a los dictámenes del pueblo y de su conciencia, al tiempo destacó que triunfó la “tolerancia política”, pues “adversarios de ayer se identificaron para sellar un compromiso de fortalecimiento institucional y de facilitar la armónica relación entre los órganos del Estado”.
Resaltó la necesidad de la existencia de la Asamblea Legislativa como órgano fundamental en el sistema democrático, ya que es el más representativo de los diversos sectores de la sociedad.
Al referirse a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, le expresó: “Cuente con el carácter de facilitador y colaborador”, en el marco de la diversidad de funciones de los órganos que ambos representan.
El mismo compromiso hizo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, “cuente señor presidente con esta colaboración”, pues estos órganos no fueron diseñados para enfrentarse, sino para impulsar el imperio de la libertad y el bienestar mediante el diálogo.
La Ley de Transparencia se constituye en el principal logro alcanzado durante el pasado período legislativo que se inició el 1 de septiembre del año 2001, según el expresidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena.
En su discurso de final de periodo, mencionó que a lo interno de la institución, el uso racional de los recursos asignados permitió el ahorro de B/.5.1 millones en un año, lo cual se logró sin sacrificar eficiencia.
Destacó que este fue la primera institución del Estado que puso en marcha lo establecido en esta ley, al adoptar normas de transparencias financieras, al divulgar su planilla y el manejo de sus finanzas, licitaciones, contrataciones y actos públicos a través de su página electrónica.
Arosemena mencionó que por primera vez en la historia de este órgano del Estado, al recibir el despacho, el presidente entrante recibirá un inventario de la totalidad de los bienes en la institución.
En el período concluido el pasado 31 de agosto se presentaron 176 proyectos de ley de los cuales 85 fueron aprobados en tercer debate y 63 se convirtieron en leyes sancionadas por el Ejecutivo.
Destacó entre otros los proyectos de la reactivación económica, los “call center”, la ley de la Asociación Panameña de Créditos, la reorganización del IDAAN, los “días puente”, las adolescentes embarazadas, la válvula de gas licuado.
Desde el 1 de septiembre de 1999, cuando se instaló la actual Asamblea Legislativa, los cambios en su dirección o grupo que mantiene el control en su junta directiva, han dado lugar a diversos pactos o acuerdos.
Fue concertado en la casa del político liberal Richard Pfifer, ubicada en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, entre el Partido Arnulfista, MOLIRENA, Partido Demócrata Cristiano (ahora Partido Popular), Cambio Democrático, el Partido Liberal Nacional y otros legisladores independientes, cuyos partidos desaparecieron en la última elección.
El Pacto de La Pintada llevó a la presidencia de la Asamblea Legislativa a Enrique Garrido, del PDC, mientras que Haydée Milanés de Lay, de Solidaridad, y Olmedo Carreño, fueron los vicepresidentes.
El acuerdo Mejoramiento y Transformación de la Asamblea unió en un solo grupo a dos colectivos que en la década del ochenta mantuvieron agrios enfrentamientos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el PDC o Partido Popular, al cual se sumó Laurentino Cortizo, legislador de Solidaridad.
El pacto, que estaba programado para durar cuatro años, duró sólo dos. El primero llevó a Laurentino Cortizo a la presidencia de la Asamblea Legislativa, acompañado por Teresita de Arias y Mateo Castillero, del PRD.
El segundo año (2001) ocupó la presidencia de la Asamblea el líder del PP, Rubén Arosemena, acompañado por los perredistas José Ismael Herrera y Susana Richa de Torrijos, como vicepresidentes.
Pero ese pacto se rompió oficialmente ayer cuando se pusieron en ejecución los resultados de una tercera concertación que hizo que el oficialismo recuperara la mayoría.
Fue negociado en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, donde tienen residencia la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y el legislador Carlos Alvarado.
El Pacto de Boquete dio sus primeros frutos ayer cuando llevó a la presidencia de la Asamblea a Carlos Alvarado, del opositor PRD, y quien será acompañado en las vicepresidencias por el arnulfista Alcibiades Vásquez y Alberto Magno Castillero, de Solidaridad.
Los partidos pequeños, con dos, tres o cuatro legisladores, han sido los más beneficiados con los pactos y acuerdos, ya que han logrado ocupar los cargos de mayor jerarquía en las juntas directivas de la Asamblea Legislativa en los últimos años.
El PRD, a pesar de contar con 34 legisladores, y los arnulfistas, que suman 18, no han logrado llevar a ninguno de sus miembros a la presidencia de la Asamblea Legislativa.
El PDC o PP, que tiene cinco legisladores (tres de ellos saltamontes), ha tenido dos presidencias (Enrique Garrido y Rubén Arosemena) y una vicepresidencia (Teresita de Arias).
En tanto Solidaridad, con cuatro legisladores, llevó a uno a la presidencia (Laurentino Cortizo) y ha tenido dos vicepresidencias (Alberto Magno Castillero y Haydée Milanés de Lay).
