El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, admitió que empresarios vinculados a un multimillonario desfalco al sistema de seguridad social de Honduras financiaron su campaña política con parte de ese dinero.
"Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es por unos 147,783 dólares", dijo el mandatario en rueda de prensa. "Fueron 10 cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", agregó.
El presidente instó a su partido a "devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco de la seguridad social", tras insistir en que "las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga".
El reconocimiento de la financiación ilícita de la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Honduras fue hecho público durante una entrevista televisada y sucede mientras miles de personas se manifestaban por las calles de diversas ciudades del país convocadas por redes sociales para pedir su dimisión.
Hernández afirmó en la entrevista que "los cheques fueron aportados al Partido Nacional por ciertos empresarios, los que son responsables de la situación, no mi partido" pero al mismo tiempo señaló directamente al actual vicepresidente de su gobierno, Ricardo Álvarez, por aquel entonces presidente del Partido Nacional.
"Yo no sé en este momento si él ya ha rendido declaración. Todo el mundo tiene que hacerlo y el juzgado tiene que emitir su resolución", dijo el presidente.
Aseguró que "aquí nadie ha comprado impunidad. Por eso, he pedido al Ministerio Público y a los jueces que no les tiemble la mano para aplicar la ley".
El domingo, el Fiscal que llevaba la investigación del caso, Roberto Ramírez Aldana, se vio obligado a abandonar el país por amenazas contra su vida certificadas por la seguridad del estado como "muy creíbles".
Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, ex director del IHSS durante el mandato del presidente Porfirio Lobo (2010-2014), desvió de manera fraudulenta unos 320 millones de dólares de los fondos destinados a comprar medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.
Zelaya fue detenido tras refugiarse en Nicaragua y desde hace seis meses está preso en un batallón en las afueras de Tegucigalpa, junto a dos ex viceministros, el de Salud y el de Trabajo. Tanto ellos como los 18 ex directivos del seguro social bajo investigación son miembros del Partido Nacional.
Hace semanas que el Consejo Nacional Anticorrupción, una comisión multipartidaria del Congreso, fiscales y periodistas afirman que parte de ese dinero terminó en las arcas del partido de gobierno, como ahora ha reconocido el propio presidente de la República.
El ex fiscal Víctor Fernández dijo que la corrupción en el seguro social habría dejado al menos 1,000 muertos debido a que no recibieron atención adecuada por falta de médicos y medicinas.
"El millonario desfalco del seguro social impulsa al pueblo a salir a las calles a protestar porque los fondos se utilizaron para financiar campañas políticas", advirtió el activista Ariel Varela, uno de los numerosos jóvenes que han organizado multitudinarias manifestaciones de protesta por todo el país en las últimas semanas.
