El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, fue designado hoy por el pleno de ese órgano para llevar el caso contra la cúpula castrense por la expulsión del derrocado presidente, Manuel Zelaya, mientras la Junta de Comandantes defiende la legalidad de sus actuaciones.
"Ha recaído la designación en el magistrado presidente, Jorge Alberto Rivera Avilés, que ha sido designado por el pleno de la CSJ como el juez natural para conocer este asunto", anunció en una breve comparecencia ante la prensa el magistrado José Antonio Gutiérrez.
El Ministerio Público (MP) acusó ayer, miércoles, ante la CSJ a la Junta de Comandantes por abuso de autoridad y expatriación y pidió, además, que el juez que se designara en este caso ordenara la captura de los seis oficiales que integran la cúpula castrense.
La designación de Rivera tuvo lugar en una reunión del pleno de 15 magistrados, dijo Gutiérrez, al recordar que la Constitución hondureña establece que la CSJ tiene entre sus atribuciones "conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado y diputados".
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, defendió hoy la actuación de los militares "en el marco de la Constitución y las leyes", pero evadió explicar el porqué se expulsó a Zelaya del país el mismo día de su derrocamiento.
"Tratamos siempre de enmarcarnos dentro de la ley y, por lo tanto, ayer que nos reunimos con la Junta de Comandantes decidimos también que tenemos que someternos a la ley y nosotros sí nos vamos a someter" al proceso, indicó.
Por su parte, Zelaya señaló que el fiscal general, Luis Rubí, tiene "igual o más responsabilidad" que los militares en el golpe de Estado que lo derrocó el 28 de junio y aseguró en un comunicado que el MP, en complicidad con ellos, busca dar "impunidad" a los militares.
"Utilizando un truco, una nueva estratagema, el fiscal del Estado, que tiene igual o más responsabilidad que los propios militares, presenta acusaciones de compadre para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores, abuso de autoridad y no por los delitos graves que han cometido", apuntó.
Según el mandatario depuesto, refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su regreso clandestino al país el 21 de septiembre pasado, los militares también incurrieron en traición a la patria, asesinatos, violaciones de los derechos humanos y torturas al pueblo hondureño.
Uno de los abogados de los militares, Juan Carlos Sánchez, expresó a periodistas su sorpresa por la solicitud de orden de captura contra los militares porque "en el momento procesal oportuno", durante las investigaciones, se manifestó a la Fiscalía "la intención" de sus representados de "aclarar" y "someterse" a la ley.
Un asesor del MP, Rigoberto Espinal, aseguró a Radio América que la acción contra los militares es producto de un proceso que se inició el mismo día del derrocamiento de Zelaya y no es algo "de última hora" para protegerlos.
Algunos sectores que condenan el golpe de Estado del 28 de junio pasado consideran que el anuncio de someter a juicio y pedir orden de captura contra los militares es una acción enmarcada en ley, aunque con "dedicatoria" para evitar que los jerarcas castrenses puedan ser llevados a un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad.
Para el analista Manuel Torres, el juicio contra los militares y la petición de una orden de captura "es una maniobra legal con un final anticipado".
Esa maniobra, "al mismo tiempo, trata de prevenir futuras demandas internacionales", agregó Torres, quien considera que "de hecho el Ministerio Público actúa sabiendo que vendrá una amnistía y que posiblemente será muy general".
El ministro de Gobernación, óscar Matute, aseveró a periodistas que con la amnistía política "no se trata de favorecer a una u otra persona", sino que "es general", y consideró que el MP cumple con "su deber institucional" al acusar a los militares.
Sin embargo, "se ha actuado por parte de nuestros generales con absoluta y total prudencia, sensatez y serenidad en circunstancias que en otros países ha habido derramamiento de sangre", afirmó.
