El Senado mexicano aprobó una reforma para castigar con penas de hasta 60 años de prisión a los militares que deserten para unirse a las filas de los carteles de la droga o las bandas del crimen organizado.
La medida busca poner freno a la corrupción de las Fuerzas Armadas, a las que el presidente Felipe Calderón ha otorgado el papel principal en la guerra contra los narcotraficantes.
Algunos de los grupos más violentos de tráfico de drogas tienen en sus filas a soldados que recibieron entrenamiento de élite, según el colaborador de BBC Mundo en México, Alberto Nájar.
“Es el caso del cartel de Los Zetas; de un grupo de sicarios del Cartel de Sinaloa conocido como “Los Pelones” o la banda de “Los Negros”, el grupo de defensa del cartel de los hermanos Beltrán Leyva”, explicó el colaborador.
Los Zetas nacieron a fines de los noventa con la deserción de un grupo de entre 31 y 67 soldados de las fuerzas especiales del Ejército que se unieron al Cartel del Golfo.
Del año 2000 al 2007, más de 100,000 soldados han desertado del Ejército mexicano, según admitieron en 2008 fuentes castrenses.
“No se sabe cuántos se integraron a bandas de narcotráfico”, explicó Nájar y recordó que “en el 2009 los Zetas ofrecieron empleo bien pagado a los soldados asignados en la frontera entre México y Estados Unidos”.
Límites al Ejército.
Mediante un comunicado, el Senado informó que “la reforma pretende garantizar los principios de lealtad, integridad y honradez” de las Fuerzas Armadas.
Se introduce en el código de justicia militar el delito de “traición a las Fuerzas Armadas mexicanas” que establece una pena mínima de 15 años para aquel soldado o marino que apoye el crimen organizado.
Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de 30 a 60 años y baja de la fuerza, señaló uno de los artículos aprobados y enviados a la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso, aprobación.
Otro artículo establece penas de 15 a 60 años para el militar que apoye o induzca a su personal a colaborar con la delincuencia.
Las modificaciones se producen después de que el Senado aprobara otra reforma para limitar la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, luego de una sucesión de muertes de inocentes y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de militares.
La violencia ligada con el narcotráfico ha dejado más de 22,700 muertos en el país desde diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón llegó al poder.
Otros cambios.
El Senado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación del Ejército en el combate al narcotráfico.
En septiembre próximo, el Congreso mexicano discutirá una iniciativa de reforma del sistema de Justicia castrense para que los militares que violen los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
Aceptación.
Por su parte, La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa, precisó que en realidad lo que hace es “dar mayores apoyos a la intervención de las distintas fuerzas de seguridad del Estado en situaciones extremas, como la que se está viviendo ahora”.
El propósito de la ley, que regulará la participación de los militares en el combate contra el narcotráfico y que fue votada por senadores de todos los partidos al recibir 105 votos a favor, uno en contra y una abstención, “es dar mayor certidumbre, dar base jurídica clara a la necesidad que tiene el Estado de hacer uso de su capacidad de fuerza para poder garantizar la seguridad de la gente”.
