Antecedentes
- Varios escándalos de corrupción han sido descubiertos en los últimos dos meses en Guatemala. El mayor es el relacionado con una millonaria defraudación al fisco dirigida, según las autoridades, por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que concluyó con la renuncia de esta y un repudio nacional a la corrupción que aún provoca manifestaciones callejeras. Es la primera vez en la historia política del país que una vicepresidenta renuncia.
En una audiencia que duró más de 30 horas, una jueza guatemalteca resolvió enviar a prisión a los directivos del Seguro Social guatemalteco acusados de un supuesto fraude en la adjudicación de un contrato de servicios médicos para pacientes renales que concluyó con la muerte de al menos 13 personas.
La jueza Silvia de León procesó a los 17 implicados, lo que permite a la fiscalía investigar durante al menos dos meses los hechos.
Entre los procesados por el delito de fraude se encuentran el presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, también exsecretario privado y hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina; Julio Suárez, presidente del Banco Central de Guatemala, y el empresario Max Quirim, miembro de la junta directiva del Seguro Social.
También fue enviado a prisión por los delitos de cobro de comisiones y asociación ilícita Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling Dávila.
Molina Stalling laboraba como asesor financiero y habría intervenido en la adjudicación del contrato por el cual habría recibido comisiones.
Según la investigación de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 4 de noviembre de 2014, la junta directiva del Seguro Social autorizó la adjudicación de un contrato por 116 millones de quetzales (unos $15 millones) a una empresa para proveer 2.5 millones de servicios de diálisis peritoneal ambulatoria para pacientes renales.
La comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, presentó como evidencia escuchas telefónicas en las cuales Molina Stalling y directivos de Droguería Pisa de Guatemala, a la que se adjudicó el contrato, discutían sobre la posibilidad de recibir comisiones del 16% del total del contrato. Las comisiones ascendían a unos $2.4 millones de dólares.
La jueza dijo en su argumentación que Droguería Pisa de Guatemala no contaba con una licencia sanitaria para proveer servicios médicos “y menos una prestación de servicios médicos renales”.
Según la investigación, al menos 13 pacientes habrían muerto a consecuencia de la diálisis.
