La puesta en libertad de 31 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales reabrió la polémica en Colombia, donde el Procurador General calificó el hecho de “escándalo internacional”, mientras los indignados familiares de las víctimas anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional.
El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, donde se sigue el caso más emblemático de los denominados “falsos positivos”, puso en libertad condicional a un teniente coronel, a un cabo y a cinco soldados.
La razón que adujo el juez responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares en las últimas semanas, de los cuales seis recobraron su libertad ayer, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.
Los jueces establecieron que se habían superado los 90 días previstos en la Ley para que la Fiscalía llamara a los militares a juicio en una vista oral.
El juez Sarmiento consideró que su decisión se ajusta a la Ley y “no aduce impunidad”.
Sin embargo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, calificó de “escándalo internacional” estos hechos y responsabilizó al Consejo Superior de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.
“Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia”, señaló Ordóñez.
Por su parte, Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una organización que acompaña a las víctimas, anunció que, ante la impunidad planteada por la justicia colombiana, llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
