El Gobierno de Colombia y organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Amnistía Internacional (AI), rechazaron la condición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para la liberación del periodista francés Roméo Langlois, al que tiene en su poder desde el 28 de abril como "prisionero de guerra".
La respuesta sigue a la exigencia impuesta por esa guerrilla, cuando anunció que antes de la liberación debe darse un debate nacional e internacional sobre "la libertad de informar" en torno al conflicto colombiano, porque consideran que los reporteros que lo cubren del lado del Ejército están manipulados.
"Esta organización criminal no puede de ninguna manera venir a imponer condiciones de ningún tipo, el Gobierno no puede polemizar con criminales, no se puede aceptar discusión alguna sobre esta situación", afirmó el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Desde Madrid, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, consideró esa exigencia "un atropello" y "una ofensa de la guerrilla de las FARC a la libertad de expresión, al derecho legítimo de los periodistas en cualquier parte del mundo a ejercer su profesión".
"Y mal haría el Estado colombiano con los periodistas o la comunidad internacional prestarse para este tipo de debates", puntualizó Garzón, quien subrayó que "con los violadores de los derechos humanos no hay debate".
Las reacciones al último comunicado de las FARC, que se contradice con el mensaje, en el que anunciaron que Langlois iba a ser liberado "pronto", no se hicieron esperar.
