Con el objetivo de eliminar cuellos de botella burocráticos y acelerar la edificación de hogares para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, la Contraloría General de la República albergó una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para coordinar los mecanismos de fiscalización y flujo financiero del fideicomiso estatal de $100 millones.
Durante el encuentro, el contralor general, Anel Flores (quien intervino de forma virtual), anunció que la institución instalará oficinas móviles en las provincias afectadas para realizar revisiones in situ, agilizar los refrendos de contratos y facilitar la comunicación directa entre las entidades públicas y las empresas constructoras.
Más contratistas y fiscalización en campo
Uno de los acuerdos centrales de la reunión fue la necesidad de descentralizar la ejecución de las obras e integrar a un mayor número de proveedores para cubrir simultáneamente más corregimientos:
Actualmente se cuenta con 26 empresas contratistas registradas, pero se evalúan mecanismos legales para sumar más proveedores locales y distribuir la carga de trabajo según la demanda geográfica.
La Contraloría desplegará equipos adicionales de ingenieros e inspectores en sus sedes regionales para auditar el avance físico de las obras en campo.
Se estableció como requisito obligatorio que cada contrato individualice con precisión al beneficiario, la ubicación exacta del lote, la empresa responsable y el monto asignado.
Se elabora un manual operativo para normar el control del fideicomiso y facilitar la logística de compra y suministro de materiales de construcción.
Atención prioritaria para familias en albergues temporales
La mesa técnica, desarrollada bajo las directrices de aceleración impartidas por el presidente José Raúl Mulino, priorizó la respuesta habitacional para las poblaciones más vulnerables que permanecen alojadas en albergues temporales, con énfasis en adultos mayores y personas con discapacidad.
El plan oficial contempla la construcción total de 2,700 viviendas: 1,300 que ya se encuentran en fase inicial de ejecución y 1,400 adicionales anunciadas recientemente por el Ejecutivo.
En la reunión participaron el subcontralor general, Omar Castillo; el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované; la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; y delegados del Ministerio de la Presidencia.
