La empresa estatal compró en julio de 2017 dos reactores para la planta de Mata de Nance, pero ahora se reportan supuestos daños en los equipos.
Panamá acumuló entre enero y diciembre de 2019 una tasa de inflación de -0.4%, en el 2018 de 0.8%, y en el 2017 del 0.9%, según las estadísticas oficiales.
Son $528 millones lo que se gasta en la actualidad en la planilla estatal, cuando hace dos años eran $464 millones.
Se logró demostrar que los bienes que mantiene el exfuncionario público, todavía los sigue pagando a través de préstamos hipotecarios que le fueron otorgados.
El abogado Franklin Amaya inidcó: "Nosotros luego de escuchar las acusaciones del Ministerio Público planteamos cuatro elementos fundamentales que demuestran la inocencia de Guillermo Ferrufino y su esposa".
La Contraloría se reunió con representantes de la AIG para solicitar cuentas sobre la actualización de la plataforma tecnológica del Programa Panamá Solidario que está a su cargo.
La teoría del delito precedente, que este caso era supuestamente contra la administración pública, queda debilitada con este fallo.
El excontralor Federico Humbert, mientras ejercía el puesto, refrendó una concesión a la empresa Promarina, donde su hermano es directivo.
El comportamiento de las distintas actividades económicas, son el reflejo de la reactivación económica desde eliminación de las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades de salud por la pandemia de la COVID-19.
Como consecuencia de éste hallazgo se remitieron las copias correspondientes del informe al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Algunas entidades oficiales, como universidades, Aduanas y la Lotería han logrado por medio de protestas que ser les reconozca, más no así a la mayoría de los trabajadores que laboran en el Estado.
... desde hace muchos años se terminó de destruir la autogestión tan necesaria para nuestra primera casa de estudios y en que la misma apenas subsiste con los recursos mínimos para poder sostener los programas de postgrado y maestrías, afectando seriamente la calidad de estos.
Desde inicios de mes se instaló una comisión que se quedó sin respuesta, ante la negativa del MEF y la Contraloría reveló dirigente de Aduanas.
Los jóvenes (15 a 29 años) hoy representan 21% de los trabajadores (4 puntos menos que en el 2019) y 51% de los desempleados del país, así como 44% de quienes perdieron sus empleos y 45% de los nuevos desocupados, producto de la pandemia.
Todavía desconocen los motivos por los cuales no se les quiere pagar la bonificación que el año pasado no recibieron.
Representantes, alcaldes y la Contraloría General de la República conviven en una relación tóxica, no para ellos, sino para los exiguos recursos estatales y para la población que se ve afectada con sus abusos.
Entre las denuncias que recibe la Contraloría General destacan las relacionadas con nepotismo, aumentos injustificados de salario, dualidad laboral, mal uso de autos y equipos del Estado, irregularidades en propiedades o terrenos estatales, mal manejo de fondos públicos, alteraciones en contratación de mano de obra y compra de materiales, así como alteración de documentos públicos.
Según las cifras oficial en el país hay 281 mil 634 desempleados, pero los expertos afirman que esta tasa no es realista y la cifra es superior.
En el análisis por grupos de edad, persisten las condiciones de desempleo en la población juvenil. El porcentaje de desempleo juvenil se registró en 28.9% para el 2021, duplicando la tasa de desocupación nacional.
El Pleno de la Corte Suprema declaró nulo por ilegal el contrato que otorgó el Ministerio de Educación el 26 de marzo de 2018 a una empresa para diferentes obras por una suma superior a los $240 mil, debido a que cuando el beneficiario recibió el refrendo de la Contraloría estaba inhabilitado para contratar con el Estado.
