Oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, bajo investigación

Los diputados de la Asamblea Nacional esperan que las evaluaciones a las oficinas de participación ciudadana a nivel nacional permitan identificar a quienes aún perciben ingresos de este Órgano del Estado sin cumplir ninguna función laboral, conocidos comúnmente como ‘botellas’, para que se tomen los correctivos correspondientes. 

El diputado independiente Luis Duke mencionó que estas oficinas se han convertido en bastiones políticos; por lo tanto, espera que las investigaciones arrojen resultados concretos sobre los cuales se puedan tomar acciones para mejorar la ejecución legislativa. 

“La Asamblea se tiene que renovar y estamos comenzando a trabajar en eso”, dijo. 

Además de estas revisiones, el contralor de la República detalló que está en conversaciones con el presidente Jorge Herrera para modificar la ley de carrera administrativa con el objetivo de que se pueda prescindir de los servicios de aquellas personas que durante las auditorías fueron identificadas como ‘botellas’ y aún siguen laborando en la entidad. 

Flores coincide con Duke en que las oficinas de participación ciudadana han sido utilizadas por los diversos partidos políticos para mantener a sus máquinas electorales con dinero del Estado, por lo tanto, deben ser fiscalizadas. 

Agregó que también se contempla la instalación de relojes de marcación y cámaras biométricas en todas las dependencias del Legislativo para monitorear los movimientos de los funcionarios. 

El contralor detalló que los relojes se programarán con cuatro o cinco marcaciones al día para evitar que los funcionarios solo acudan a firmar y se retiren del recinto, como ha sucedido en los últimos años. 

A través de un comunicado, la Asamblea Nacional informó que la revisión incluirá un análisis de las planillas, contratos de alquiler, gastos operativos e impacto legislativo de las iniciativas presentadas e iniciará en la sede de la provincia de Veraguas. 

“La participación ciudadana no puede, bajo ningún concepto, convertirse en fachada para clientelismo ni en pretexto para sostener estructuras inoperantes”, expresaron. 

Las autoridades legislativas reiteraron que, de comprobarse irregularidades, se tomarán medidas correctivas necesarias dentro del marco legal, como el cierre de las oficinas y la aplicación de las normativas administrativas que correspondan. 

“Este tipo de situaciones, de comprobarse, constituyen una falta grave al compromiso institucional de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que la ciudadanía exige y merece”, señaló el escrito.