La restitución del aborto terapéutico en el Código Penal e incrementar los presupuestos designados al plan nacional contra la violencia, exigió hoy la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV).
La red divulgó hoy un pronunciamiento para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que también demanda que se respete el Estado Laico, puesto que los derechos de las féminas no son de conciencia, sino de normas jurídicas y de convivencia social.
También exigen acceso gratuito de los medicamentos para las personas portadoras del VIH-SIDA y campañas de prevención dirigidas a mujeres y jóvenes.
Formulan un llamamiento a la jerarquía católica para que no se sigan involucrando en la política del estado y se dediquen a su labor social.
Señalan que el gobierno que "se proclama a favor de los pobres, tiene sometido en la mas grande miseria al pueblo nicarag ense, especialmente a las mujeres, donde cada día la carestía de la vida se agrava aun mas, recayendo principalmente en las mujeres quienes en su gran mayoría mantienen sus hogares".
"Es preocupante ver como este gobierno se llena la boca con discursos demagógicos, mientras las realidades son otras, y no vemos avances en la protección de los derechos laborales, sociales de las mujeres", agrega el documento.
Según la RMCV, "las cúpulas de poder, incluyendo la iglesia quieren hacer retroceder los derechos ganados en la lucha por las mujeres, en donde la Red de Mujeres contra la Violencia ha sido un actor importante por más de 15 años ".
Sostienen que el gobierno de Daniel Ortega "no nos podrá invisibilizar jamás, porque a lo largo y ancho de nuestro país hay cientos de centros de mujeres que dan atención y acompañamiento a las víctimas que viven situaciones de violencia y que nos solicitan atención.
Afirman que la penalización del aborto terapéutico el pasado 13 de septiembre, ha condenado a la muerte a las mujeres pobres que son las que recurren a los servicios públicos del estado.
Según la RMCV, la penalización del aborto terapéutico ratificado por la Asamblea Nacional el 13 de septiembre pasado ha causado hasta el momento 5 muertes de mujeres.
Agregan que también hay que sumar 80 muertes y 12 mujeres que se han suicidado a causa de embarazos no planificados, desde octubre del año 2006 cuando el Parlamento por primera vez aprobó la penalización del aborto terapéutico.
"Denunciamos la complicidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya que ha pesar de los recursos por inconstitucionalidad introducidos desde enero de este año, no se han pronunciado, demostrando con su silencio el pacto del estado entre cúpulas partidarias y religiosas contra la vida de las mujeres", expresa el pronunciamiento.
