El gobierno de Bolivia reforzó ayer la vigilancia militar y policial a causa del recrudecimiento de las protestas en La Paz y El Alto contra la exportación de gas a través de Chile. En previsión de una jornada tensa en La Paz, donde los sindicatos realizaron un reducido pero activo cabildo abierto, y en El Alto, caracterizado por un paro cívico y choques sin consecuencias graves entre universitarios y policías, el gobierno incrementó la vigilancia del palacio presidencial y de los edificios públicos.
El vocero presidencial, Mauricio Antezana, justificó la medida en el afán del gobierno de “garantizar la seguridad de las personas, la propiedad privada y pública en un contexto en el que se dan movilizaciones, bloqueos e inclusive acciones violentas”.
La Central Obrera Boliviana (COB), que reiteró su llamado a la huelga, consideró de su lado, de desmedida la vigilancia militar a la que calificó de “muestra de debilidad” del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien intimó otra vez su renuncia.
“Si lo va hacer, seguramente van a empeorar las cosas en toda Bolivia”, advirtió el dirigente Jaime Solares.
Al llamado de Solares, que encabeza una fragmentada directiva de la COB, se sumaron las organizaciones cívicas y sindicales de la ciudad pobre de El Alto, donde los pobladores levantaron barricadas cerrando un punto estratégico de una ruta troncal que comunica La Paz con las ciudades del interior.
En otros incidentes en El Alto, tres universitarios resultaron heridos en escaramuzas a piedra y palos con la policía que los reprimió con gases lacrimógenos y balines de goma, según la versión policial.
Las demostraciones callejeras intentan que el gobierno haga una consulta nacional y mejore las condiciones de venta de gas a mercados de ultramar, puesto que en las actuales circunstancias el país obtendría réditos de apenas un 18% del negocio debido a una ley de hidrocarburos que favorece a petroleras extranjeras.
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