La posibilidad de que los 44 represores de la dictadura de Argentina reclamados por la justicia española sean finalmente juzgados en su país crece en forma paralela con el consenso que concita en el Congreso la propuesta de anular las leyes que los habían exculpado, según una evaluación del oficialismo conocida ayer.
"Nuestra posición política es que habría consenso generalizado para que los miembros de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad sean juzgados en Argentina y, excepcionalmente, mediante la extradición", indicó ayer el diputado Ricardo Falú, del oficialista Partido Justicialista (PJ, peronista).
