Las denuncias contra el presidente Enrique Peña Nieto; su esposa, Angélica Rivera, y el ministro de Hacienda, José Luis Videgaray, por supuestas irregularidades en la compra de inmuebles fueron rechazadas en una investigación oficial que negó conflicto de intereses en esos casos.
El secretario (ministro) de Función Pública de México, Virgilio Andrade, presentó en rueda de prensa el informe elaborado sobre esas operaciones inmobiliarias, investigadas a raíz de varios reportajes periodísticos que causaron un fuerte revuelo en la opinión pública desde finales de 2014.
Andrade señaló que Peña no ha participado en ningún procedimiento de contratación ni de asignación de obras durante su administración porque jurídicamente "al presidente no le corresponde autorizar contratos de obra pública".
La investigación resolvió que el presidente no tuvo conflicto de interés al comprar en 2006 una propiedad en Ixtapan de la Sal al empresario Roberto San Román, porque la operación fue cerrada seis años antes de asumir su cargo en 2012.
En el caso de Rivera, Andrade reveló que la adquisición de una casa en un exclusivo barrio de la capital (Lomas de Chapultepec), denominada popularmente "Casa Blanca", fue efectuada con sus propios recursos en enero de ese último año con un contrato de reserva de dominio que no cambió tras asumir su esposo la presidencia.
La polémica comenzó a raíz de que la revista Proceso y el programa Aristegui Noticias difundieran una investigación sobre la llamada "Casa Blanca".
