La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que hace 50 días comenzó su segundo mandato, enfrenta el que puede ser un “annus horribilis” con la economía estancada, su base parlamentaria fragmentada y en espera de un muy probable terremoto político por la corrupción en la estatal Petrobras.
Si es verdad el mito de que los primeros 100 días son claves para un gobierno, a la mandataria, reelegida en octubre pasado y que inició su nuevo mandato el 1 de enero, se le agotó la mitad de ese periodo y el clima que ya es turbio puede agravarse en el corto plazo.
En las próximas semanas, la Fiscalía General oficializará ante la justicia la denuncia sobre la vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal, en la que, según ha adelantado la prensa local, serán imputados decenas de políticos y parlamentarios, en su mayoría de la base de apoyo a Rousseff.
La investigación transcurre bajo secreto judicial, pero ya ha llevado a prisión a poderosos empresarios y exdirectores de la petrolera, que, según la Policía, inflaban el precio de los contratos de obras; se apropiaban de parte de la diferencia y el resto lo repartían entre los políticos que facilitaban las corruptelas.
Mientras se aguarda por la lista de políticos implicados en ese escándalo, que le ha costado a la mayor empresa del país miles de millones de dólares.
