La senadora colombiana Piedad Córdoba, que servía de facilitadora de un acuerdo humanitario sobre secuestrados con las FARC, viajó hoy a Caracas para gestiones relacionadas con la anunciada entrega de tres rehenes por parte de esta guerrilla, informaron fuentes periodísticas de Bogotá.
La legisladora partió hacia la capital venezolana en medio de un ambiente de alta expectación por la previsible puesta en libertad de la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y la ex congresista Consuelo González de Perdomo.
Rojas fue secuestrada en febrero de 2002 junto a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, también de nacionalidad francesa, y procreó en cautividad hace casi cuatro años a Emmanuel, en tanto que la ex legisladora está en manos de los rebeldes desde septiembre de 2001.
Según versiones de radios locales, la senadora Córdoba viajó "muy temprano" al país vecino, para una visita de un día que coincidirá con el regreso de Chávez a Caracas, procedente de Cuba, donde asistió a la IV Cumbre de Petrocaribe.
Chávez dijo el viernes en la ciudad cubana de Cienfugos, sede del encuentro energético, que ya tenía "elaborada alguna fórmula" para recibir al niño y a las dos mujeres.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el martes pasado la entrega de estos secuestrados como desagravio a Chávez y a Córdoba por la decisión del presidente colombiano, lvaro Uribe, de cancelar sus tareas de acercamiento con ese grupo rebelde.
Uribe dio por terminadas las gestiones de Chávez y de Córdoba el pasado 21 de noviembre, molesto por una conversación telefónica de ambos, desde Caracas, con el comandante del ejército de Colombia, el general Mario Montoya.
En respuesta, Chávez se declaró traicionado por Uribe, llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Pável Rondón, y prometió que no mantendrá relaciones con el Gobierno colombiano mientras el país esté en manos del actual Presidente.
Chávez deberá recibir a los tres rehenes, según lo tienen previsto los insurgentes, que mantienen en la misma condición a otras 42 personas, a quienes pretenden canjear por medio millar de rebeldes presos, entre ellos tres extraditados a Estados Unidos.