Un juez suspendió la audiencia en la que debía decidir si el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta deben ser procesados por el supuesto cobro de millones de dólares en sobornos.
El juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la diligencia debido a que la defensa de los acusados no conocía en su totalidad el caso. El magistrado les concedió tres días y la audiencia se reanudará el lunes.
El caso es por la adjudicación de un contrato a Terminal de Contenedores Quetzal, la filial guatemalteca de Grupo TCB -un operador español de terminales de contenedores y servicios de ingeniería y consultoría marítima-, para la construcción de una terminal portuaria en el Pacífico guatemalteco valuada en $255 millones.
Según la fiscalía, Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti habrían liderado una estructura de funcionarios, empresarios y particulares que recibieron al menos 30 millones de dólares en sobornos. La fiscalía ha dicho que Pérez Molina y Baldetti recibieron $4.2 millones cada uno.
Al ingresar a la audiencia Pérez Molina dijo a The Associated Press que es inocente.
"Venimos a conocer de qué se trata (la acusación)", dijo Pérez Molina y agregó que la fiscalía está armando un caso en su contra "con testimoniales y no con pruebas".
Según la investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga cuerpos clandestinos de seguridad y crimen organizado incrustados en el Estado, el empresario guatemalteco Jonathan Chevez fue el encargado de recibir 12 millones de dólares de los sobornos y luego repartirlos. Chevez también está detenido.
Por el caso aún están pendientes de detención cinco personas, entre ellas un argentino, que son buscados por Interpol y que también habrían recibido hasta cinco millones de dólares como soborno al negociar la adjudicación del contrato y "las comisiones" para los funcionarios.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y quien era su mano derecha, se convirtió en colaborador eficaz de la fiscalía y es quien, en su declaración, detalló la forma de operar de los negocios de Pérez Molina y Baldetti.
El contrato para la construcción de la terminal portuaria es financiado por el Banco Mundial.
Al terminar la audiencia Pérez Molina dijo que no recibió dinero proveniente de sobornos y defendió la continuidad del contrato para las operaciones de la terminal portuaria que debido a las acusaciones ha sido cuestionado.
El exmandatario enfrenta otro proceso judicial por una presunta defraudación aduanera por varios millones de dólares, un caso denominado "La línea", realizada a través de una estructura de particulares y funcionarios que recibían sobornos de empresarios para ayudarlos a evadir impuestos. Por este proceso Pérez Molina y Baldetti están en prisión.
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