Un juez suspendió la audiencia en la que debía decidir si el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta deben ser procesados por el supuesto cobro de millones de dólares en sobornos.
El juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la diligencia debido a que la defensa de los acusados no conocía en su totalidad el caso. El magistrado les concedió tres días y la audiencia se reanudará el lunes.
El caso es por la adjudicación de un contrato a Terminal de Contenedores Quetzal, la filial guatemalteca de Grupo TCB -un operador español de terminales de contenedores y servicios de ingeniería y consultoría marítima-, para la construcción de una terminal portuaria en el Pacífico guatemalteco valuada en $255 millones.
Según la fiscalía, Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti habrían liderado una estructura de funcionarios, empresarios y particulares que recibieron al menos $30 millones en sobornos. La fiscalía ha dicho que Pérez Molina y Baldetti recibieron $4.2 millones cada uno.
Al ingresar a la audiencia, Pérez Molina dijo que es inocente.
"Venimos a conocer de qué se trata (la acusación)", dijo Pérez Molina y agregó que la fiscalía está armando un caso en su contra "con testimoniales y no con pruebas".
Según la investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga cuerpos clandestinos de seguridad y crimen organizado incrustados en el Estado, el empresario guatemalteco Jonathan Chevez fue el encargado de recibir $12 millones de los sobornos y luego repartirlos. Chevez también está detenido.
Por el caso aún están pendientes de detención cinco personas, entre ellas un argentino, que son buscadas por Interpol y que también habrían recibido hasta $5 millones como soborno al negociar la adjudicación del contrato y "las comisiones" para los funcionarios.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y quien era su mano derecha, se convirtió en colaborador eficaz de la fiscalía y es quien, en su declaración, detalló la forma de operar de los negocios de Pérez Molina y Baldetti.
El contrato para la construcción de la terminal portuaria es financiado por el Banco Mundial.
Al terminar la audiencia, Pérez Molina dijo que no recibió dinero proveniente de sobornos y defendió la continuidad del contrato para las operaciones de la terminal portuaria que debido a las acusaciones ha sido cuestionado.
El exmandatario enfrenta otro proceso judicial por una presunta defraudación aduanera por varios millones de dólares, un caso denominado "La línea", realizada a través de una estructura de particulares y funcionarios que recibían sobornos de empresarios para ayudarlos a evadir impuestos.
Emboscada
- El abogado del empresario español Juan José Suárez, involucrado en un caso de corrupción en la ampliación de una terminal marítima en Guatemala, tildó el proceso de "emboscada judicial".
- El letrado de Suárez, David Abbott, se sumó durante la celebración de la audiencia de primera declaración, que finalmente fue aplazada para el próximo lunes, a las críticas de los otros abogados de la defensa por la falta de acceso a la información y a las pruebas contra sus representados.Abbott valoró la decisión del juez como un requisito imprescindible para poder ejercer una defensa legítima del empresario, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del Grupo TCB. Esta empresa opera la ampliación de puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país, ubicada en el departamento sureño de Escuintla, un contrato que presuntamente habría logrado a través de una estructura delictiva.
