Piden solución
- El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió no optar ni por la “criminalización del consumo” de drogas ni por su “legalización”, como se ha hecho con la marihuana en Uruguay, en un encuentro sobre cohesión social celebrado en México.
- “Creo que hay que buscar una política razonable que en mi concepto se da en una lucha implacable y severa contra el narcotráfico y el distribuidor, en una política muy envolvente de salud pública y de educación, y en una política eficaz de rehabilitación y no de cárcel del consumidor”, afirmó Uribe.Durante el World Business Forum Latinoamérica (WBF), que reúne a varios exmandatarios latinoamericanos y a empresarios, y a pregunta expresa, Uribe ofreció su postura ante la legalización incipiente de la marihuana en la región. Recordó que a comienzos de los años 90, la Corte Constitucional de Colombia “descriminalizó la dosis personal de droga” a partir de una sentencia, lo que, a su juicio, incrementó el consumo en su país.
Los portavoces de la sociedad colombiana reunidos en el foro nacional de la ONU identificaron la suspensión de las fumigaciones y de las erradicaciones forzadas como una propuesta clave para solucionar el problema de la droga y propiciar un país en paz.
La eliminación “inmediata” de estas prácticas centró las conclusiones presentadas durante la clausura del foro nacional de Bogotá auspiciado por la ONU y por la Universidad Nacional, al cabo de tres días de coloquios y mesas de trabajo en los que participaron unas 1,040 personas.
Los representantes de campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios y políticos, entre otros colectivos, observaron que la política aplicada durante los últimos 30 años en Colombia “ha sido un fracaso” porque se basa en la erradicación de los cultivos y en la persecución de los responsables.
Y estas medidas han dejado problemas medioambientales, han arrasado cultivos de consumo humano, han atacado la economía campesina y han suscitado la violencia en las comunidades, por lo que exhortaron al Gobierno a reparar los daños causados con esta política, que se remonta a la década de los años noventa.
Los portavoces de la sociedad colombiana clamaron también por planes de sustitución de cultivos ilícitos consensuados y de aplicación gradual y exigieron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) respeten esos programas “y no presionen a los campesinos como ha sucedido con planes pilotos anteriores”.
Pidieron la creación de un fondo “que canalice los recursos que el Estado destina a la guerra, fumigaciones y erradicación forzada y se dedicaría a los cultivos alternativos y demás estrategias de desarrollo productivo”.
Otra de las propuestas preponderantes fue una “reforma de la política criminal del Estado” que centre el castigo en los responsables últimos del negocio del narcotráfico y no en los “eslabones más débiles” del procesamiento, distribución y venta de las drogas.
Algunos reclamaron la creación de una “comisión de la verdad” para ver quiénes se enriquecieron y promocionaron el narcotráfico desde lo público y para que las Farc “aclaren su postura en relación con el tráfico y entreguen los mapas de rutas”.
Donde no hubo consenso fue en la posibilidad de legalizar o regularizar el uso de las drogas.
