La Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) de Panamá respaldó hoy el fin del litigio que ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 270 funcionarios que fueron despedidos en 1990 por el Gobierno.
La mayoría de los despedidos aceptaron los finiquitos que le fueron presentados por las autoridades de Trabajo panameñas el pasado fin de semana, para recibir su indemnización y acabar este pleito con el Estado panameño, que le costará 21,9 millones de dólares.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Fenasep, organización sindical que integra el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), dijo que "lo fundamental" es que se alcanzó un acuerdo sobre el finiquito.
"Con esto le estamos poniendo punto final a una larga jornada que ha dejado secuelas inolvidables, con más de 16 compañeros (del grupo de despedidos) que han fallecido" a la espera de ser resarcidos, expresó Berrocal en una rueda de prensa en la sede del CONATO.
Berrocal recordó que el 5 de diciembre próximo este conflicto entre los 270 trabajadores destituidos y el Estado cumple 18 años, y "había que ponerle término a esa lucha".
Señaló que lo importante es que la propia "víctima" cobre, aunque reconoció que "una buena cantidad de derechohabientes lo hará porque los actores principales han fallecido".
También destacó que ninguno está obligado a firmar el finiquito que les ha presentado el Gobierno "si no les conviene la oferta".
El lunes pasado, el viceministro panameño de Trabajo y Desarrollo Laboral, Felipe Cano, dijo que 187 personas (69,25 por ciento) de las 270 despedidos con la Ley 25 de 1990 firmaron el finiquito con el Estado, para ponerle fin a esta disputa.
Los finiquitos gestionados el sábado y domingo pasados por el Gobierno representan los dos tercios requeridos (180) para presentarlos a la CIDH.
El fin de semana se atendieron a 216 trabajadores y herederos, de los cuales 187 firmaron y 29 no lo hicieron. El resto no asistió.
Auditores, asesores legales y personal administrativo de ese ministerio atendieron a las "víctimas" de la ley 25 de 1990, mediante la cual se les destituyó por supuesta sedición.
A todos, individualmente, le fueron presentados sus finiquitos para la firma y la información sobre la cuantía correspondiente a cada uno, destacó la entidad de trabajo.
Esto pondría fin a todo un proceso legal de casi 20 años y el Gobierno solicitaría el crédito extraordinario respectivo para el primer pago, que sería de 6,9 millones de dólares en 2008 y en 2009, 2010 y 2011 la nueva administración desembolsaría 5 millones por año, lo que haría la totalidad de 21,9 millones.
Berrocal explicó que el total de los montos a pagarse "se hará tomando en consideración los que hayan aceptado la propuesta del Gobierno".
Los afectados de la Ley 25 han recibido hasta el momento un total de 11,4 millones de dólares pagados por los dos últimos gobiernos de Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos, más la propuesta de 21,9 millones de dólares, representando un total de 33,3 millones de dólares solo para este caso, detalló el Ministerio de Trabajo.
Los ex funcionarios fueron despedidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara, tras una protesta sindical contra las privatizaciones de empresas estatales.
La protesta coincidió con un alzamiento policial, y se les acusó de sedición y de atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país.
Los ex trabajadores exigen el cumplimiento de una sentencia dictada en 2001 por la CIDH a su favor, tras una demanda que presentaron contra el Estado panameño en 1994.
La CIDH ordenó el pago de los salarios caídos, el reintegro de los ex trabajadores y una indemnización por daño moral y de las costas generadas por el proceso.
