Apesar del multimillonario plan de reconstrucción del Gobierno, el primer aniversario del terremoto que devastó la costa central del departamento de Ica, en el sur de Perú, encuentra a buena parte de los damnificados disconformes con la respuesta oficial.
Un año y $400 millones después, miles de personas que perdieron sus hogares aún subsisten apiñados en tiendas de lona, viviendas precarias o cuartos de casas medio derrumbadas.
Gran parte de la infraestructura pública en Pisco la ciudad más afectada, con un 70% de destrucción tras el sismo, todavía no ha sido recuperada.
"Se avanza a paso de tortuga", se quejó Mario Huamán, titular de la Confederación de Trabajadores de Perú, quien arribó a la ciudad para sumarse a la movilización de protesta convocada en el aniversario.
Cuando el presidente Alan García se llegó hasta allí el martes pasado para inspeccionar las obras, lo hizo sin avisar. Varios pisqueños habían advertido que le arrojarían huevos si acudía a la zona para los actos oficiales del viernes.
Retrato de la situación.
El 15 de agosto de 2007, el sismo de 8 grados en la escala de Richter dejó medio millar de muertos, unos 300 desaparecidos y alrededor de 80,000 viviendas afectadas.
Pero el primer aniversario encuentra a Pisco con 19 escuelas cerradas por reconstrucción y todo el resto con aulas prefabricadas para absorber a los que quedaron sin lugar donde estudiar.
Recién acaba de aprobarse la licitación para levantar los seis hospitales más importantes de la zona, colapsados tras el sismo. Desde la emergencia hasta el momento, toda la asistencia sanitaria funciona de manera provisional.
La seguridad también es un problema. Los residentes de Pisco aseguran que el crimen ha aumentado. La comisaría local no fue reconstruida y los policías tienen que rentar cuartos en casas particulares.
Problemas.
Apenas se completó el relevamiento inicial, el Gobierno prometió a la familias afectadas un subsidio de 6,000 soles (unos $2,000) para la compra de materiales de construcción.
Hasta el momento ,se entregó la ayuda a sólo un 30% de los damnificados. La mayoría de los restantes tiene problemas para demostrar la propiedad de los lugares donde vivían y por los que ahora reclaman reparación.
