Un fiscal peruano denunció a un grupo de policías acusados de haber torturado a varios campesinos y periodistas en 2005, que protestaban contra la minera Majaz, informó hoy la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
Según el organismo, el fiscal Juan Ortíz Arévalo, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, en el norte del país, resolvió presentar la denuncia por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura.
Fedepaz señaló, sin embargo, que se "ha librado de responsabilidades a quienes serían los autores intelectuales" de las torturas, ya que la fiscalía archivó la investigación iniciada contra un general, dos coroneles y un capitán de la policía.
También archivó la denuncia contra funcionarios y empleados de Majaz y de la empresa de seguridad de la compañía, quienes, según el organismo, se encontraban presentes en el campamento minero en el momento que se cometieron las torturas.
El organismo indicó que junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, interpuso una apelación contra una parte de la resolución fiscal, con la finalidad de que el Fiscal Superior evalúe "correctamente los hechos y disponga se denuncie a los demás involucrados".
El ex-fiscal provincial de Huancabamba, Felix Toledo Leyva, también ha sido denunciado por el delito de omisión de denuncia, por lo cual se le ha abierto una investigación en la Oficina de Control Interno Piura-Tumbes del Ministerio Público.
El pasado 13 de enero, 28 campesinos y periodistas denunciaron que fueron secuestrados y torturados en 2005 en el campamento minero de Majaz, y demandaron sanciones para los agentes que los atacaron.
Unas fotografías tomadas por la misma policía que registran todo el operativo dentro del campamento minero han servido para que el grupo de afectados insista en su reclamo.
Por su parte, la empresa Monterrico Metals, que tenía el control de Majaz, ha acusado a los denunciantes de actos de terrorismo.
Cuando se conoció el caso, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró estar "horrorizado" por las imágenes y pidió un informe por lo ocurrido.
Según las denuncias, el 1 de agosto de 2005 los campesinos llegaron acompañados por cuatro reporteros hasta el campamento de Majaz, ubicado en una zona agreste y alejada de la provincia de Huancabamba.
Buscaban conversar con la empresa porque se oponen a la actividad minera en su jurisdicción, netamente agrícola, pero al llegar fueron reprimidos por la policía y retenidos dos días contra su voluntad.
Uno de los campesinos retenidos, Melanio García, recibió una herida de bala en el cuello y murió al día siguiente.
Un día después del secuestro de los campesinos llegó el fiscal Toledo Leyva al campamento pero, lejos de constatar las agresiones, recriminó a los comuneros por protestar contra la mina y les abrió una investigación por daños y actos de terrorismo.
