La principal central sindical de Uruguay, el Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), impulsa desde hoy un "esfuerzo final" para tratar de anular la Ley de Caducidad y llevar a juicio a los responsables de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se concentraron hoy en una plaza del centro de Montevideo para una jornada de difusión sobre la importancia de anular la ley.
El próximo 25 de octubre, de manera simultánea a las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos deberán decidir en dos plebiscitos, uno sobre la anulación de la Ley de Caducidad y otro sobre el posible voto a distancia.
"Es importante que los uruguayos tengan toda la información posible sobre la necesidad de anular la ley y permitir que sean juzgados los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985)", afirmó el secretario de Organización del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
"Los trabajadores tenemos que estar en la primera línea de la batalla para anular la ley", agregó el dirigente sindical en declaraciones a medios de prensa locales.
La principal central obrera anunció para el 15 de octubre una gran jornada de "fogones e información" para llamar a la ciudadanía a votar en favor de anular la ley.
Ese día representantes sindicales "saldrán a los barrios y las calles de todo el país para informar a la población y revertir la campaña de mordaza que hay sobre el tema", afirmó Abdala.
El dirigente sindical se quejó de que el tema de la anulación de la Ley no esté en los debates de la actual campaña electoral, ni siquiera impulsado por la fórmula presidencial de la gobernante coalición de izquierda que integran los senadores y ex ministros del actual gobierno, José Mujica y Danilo Astori.
La Ley de Caducidad o "punto final" puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ley fue aprobada en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por la población en un plebiscito tres años después, con el voto a favor del 60 por ciento de los participantes.
El PIT-CNT, organizaciones defensoras de los derechos humanos y algunas figuras de la cultura en primera línea, han dicho que en el primer plebiscito, celebrado en 1989, los uruguayos votaron a favor de mantener la ley "por temor" y debido a que la democracia estaba "tutelada por los militares", que a cuatro años de su recuperación "todavía tenían mucha incidencia" en la política del país.
Con la llegada al poder, el 1 de marzo de 2005, del presidente Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia de Uruguay, el Gobierno dejó fuera de la Ley de Caducidad varios sonados casos, lo que permitió que la justicia procesara y ordenara el ingreso a prisión de ocho militares y policías retirados, actualmente presos, incluido el ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez.
Para que la ley sea anulada se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el plebiscito, que será simultáneo a las elecciones nacionales del 25 de octubre.
