Ratifican a miembros de la alianza de gobierno ecuatoriano
- El movimiento oficialista Alianza País (AP) ratificó como su máximo líder al mandatario de Ecuador, Rafael Correa, durante una convención partidaria en la que no se discutió sobre su eventual reelección presidencial en los comicios de 2017. En el encuentro, celebrado en la ciudad costera de Esmeraldas, unos 1,600 delegados de AP de todo el país también ratificaron como vicepresidente de la agrupación política a Lenin Moreno, que actualmente se desempeña como enviado especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para temas de discapacidad.
- Asimismo, la ministra ecuatoriana de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz, fue designada como secretaria ejecutiva del movimiento, tras la salida del dirigente político Galo Mora.
Una encrucijada legal ha envuelto al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, luego de que una comunidad indígena de la Amazonía resolviera proteger a tres opositores condenados a prisión por injuriarle.
La comunidad quechua de Sarayaku, en una asamblea, decidió proteger en su territorio, en plena selva amazónica, al legislador Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa, condenados a prisión por haber acusado a Correa, sin poder demostrarlo, de supuestos delitos de “lesa humanidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron los condenados, sugirió medidas de protección en favor de ellos, ante la airada protesta del Gobierno de Quito, que dijo que el organismo no tenía competencia para hacerlo.
Invocando esas medidas de la CIDH, la comunidad Sarayaku decidió proteger a los imputados y abrió un duro debate jurídico que ha vuelto a enfrentar al Gobierno con la oposición.
El oficialismo ha cerrado filas y ha dicho que la actitud de la comunidad Sarayaku atenta contra una función del Estado como es la justicia.
Correa incluso ha calificado esa actitud como “extremadamente grave”, pues para él podría crear un “nefasto precedente” y atentar contra el Estado de derecho.
“Prácticamente tenemos una proclamación de un Estado soberano dentro del Ecuador, porque ellos se creen con la capacidad de desconocer una sentencia de un tribunal”, recriminó Correa.
Dirigentes de Sarayaku justificaron su decisión al señalar que es el Gobierno el que se ha empeñado en desconocer las medidas cautelares de la CIDH.
En medio de esta encrucijada legal, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha dejado abierta una puerta de solución entre la justicia indígena y la estatal, garantizada por la Carta Magna, ese resquicio para acabar con la polémica.
En una carta dirigida a los imputados y a Correa, la Inredh exhortó a Jiménez, Villavicencio y Figueroa a “acatar la sentencia” de la justicia estatal.
