El gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ultiman los detalles de un cronograma de desmovilización de 13,000 paramilitares, que antes de culminar este año podría tener fuera de las filas de los grupos de extrema derecha a entre 1,500 y 2,000 combatientes.
Luego de una reunión el jueves con la comandancia de las AUC en el norteño departamento de Córdoba, el alto comisionado para la paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, dijo ayer que ese plan estará listo en septiembre.
Eduardo Espinosa, miembro de la comisión del gobierno en el proceso de paz con las AUC, indicó el jueves que ya "hay unas fechas tentativas de entregas graduales, que podrían empezar el próximo mes". "Trabajamos básicamente en la definición del cronograma tentativo y la forma de ejecutarlo", dijo.
Restrepo recordó que el proceso de desmovilización -que deberá concluir antes del 31 de diciembre de 2005 según un acuerdo firmado por el gobierno y las AUC a mediados de julio- prevé concentrar a los paramilitares en zonas bajo control de la fuerza pública.
"Los grupos de autodefensa se concentrarán en un territorio geográfico delimitado, donde permanecerán durante un tiempo prudencial, semanas, de pronto algunos meses, eso depende del sitio, de las condiciones de cada una de las regiones del país", explicó el consejero.
Los nuevos desarrollos del proceso de paz con las AUC, que reúnen al 70% de la ultraderecha armada, se conocieron simultáneamente con la presentación por parte del gobierno en el Congreso de un proyecto para conceder libertad condicional a los guerrilleros izquierdistas y paramilitares que deserten o se acojan a un diálogo, incluso a quienes hayan cometido delitos atroces.
Sin embargo, éste proyecto recibió las críticas de sectores del Congreso porque las leyes colombianas y los tratados internacionales suscritos por el país prohíben amnistías e indultos para delitos como los secuestros, masacres y desapariciones forzadas.
El senador Héctor Helí Rojas consideró que la suspensión de las sentencias es un asunto "delicado para la independencia del poder judicial". Indicó que la paz "no puede ser el precio de la impunidad" y señaló que eso sería "solucionar un problema a unos actores del conflicto, pero no se soluciona el conflicto".
Advirtió de que sería, además, "un mensaje en el que de pronto las masacres, la tortura, el genocidio y el desplazamiento van a ser sancionados a penas simbólicas y en cambio a la delincuencia común, como estamos viendo, se le incrementan esas penas".
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