El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, asegura que en el proyecto jurídico que prepara su gobierno para la desmovilización de paramilitares y guerrilleros "no habrá impunidad ni para unos ni para otros".
En una entrevista que publicó ayer el diario de Madrid "El País", el gobernante colombiano niega que las conversaciones con los grupos paramilitares -con los que se acordó la desmovilización de sus 13,000 integrantes entre este año y el 2005- se celebren en la "clandestinidad", sino más bien "bajo una nota de confidencialidad".
Uribe explica que su gobierno prepara un proyecto de ley que desarrollará una "justicia alternativa" que sirva para el proceso que se propone de desmantelamiento de los paramilitares y su reinserción en la sociedad. Según el presidente, no se trata de "leyes personalizadas, sino normas generales" aplicables a guerrillas y a paramilitares.
"Se está trabajando -explica Uribe- en un proyecto de ley respetuoso con la Constitución y los tratados internacionales que permita la excarcelación con penas compensatorias".
El gobernante asegura que esta "justicia alternativa" es un campo jurídico que "no está actualizado" y en el que "hay modelos como el de Irlanda del Norte y lo que se ha hecho con el IRA" (Ejército Republicano Irlandés).
Uribe agrega que el caso de los paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso "será examinado con Estados Unidos y con las autoridades judiciales colombianas porque Washington tiene un legítimo derecho a ello en virtud de su petición de extradición" de ambos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Sobre la posibilidad de que una parte de los paramilitares no se plieguen al proyecto y se dediquen a cuidar el "negocio de los narcóticos", Uribe respondió que "para que haya un acuerdo de paz tienen que haber un cese completo de hostilidades, lo que significa que los paramilitares han de dejar de cometer delitos". El presidente añade que entre los delitos "el narcotráfico, en todas sus formas, lo es de especial gravedad" y uno de los asuntos que para su Gobierno "no son negociables".
Por otra parte, con respecto a la consulta popular que promueve para octubre próximo, Uribe asegura que aunque "es un riesgo muy grande" y que puede perderla, se trata de "una necesidad para el país".
En ese referendo, previsto para el fin de semana del 25 y 26 de octubre próximo, se preguntará a los colombianos sobre asuntos como la congelación durante dos años de los gastos de funcionamiento del Estado y la eliminación de las contralorías regionales y locales (órganos de control del gasto público), junto a la reducción de los escaños del Congreso de la República, de 268 a 218.
Para explicar por qué ha sido convocado el referendo, Uribe dijo que en Colombia "no hay con qué pagar a los pensionados más pobres, mientras mantenemos un régimen privilegiado de pensiones a congresistas y altos cargos".
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