El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se puso hoy a órdenes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen dentro del escándalo de las escuchas ilegales por el que la Procuraduría General sancionó y destituyó, entre otros, a su antiguo secretario general en la Presidencia, Bernardo Moreno.
Uribe admitió esa "responsabilidad jurídica y política" sobre las presuntas irregularidades de altos funcionarios, divulgadas por la prensa inicialmente, y según el ex gobernante, sin que se hayan sugerido "actividades ilegales".
Añadió que ha sido su "costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción".
Ante ello, se declaró "a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia".
El lunes, el Ministerio Público sancionó, además, a nueve altos ex funcionarios del servicio de inteligencia estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por las interceptaciones ilegales a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
En un comunicado originado en Ciudad de Guatemala Uribe asumió la responsabilidad jurídica y política por las actuaciones de Moreno a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años porque "se extralimitó en sus funciones".
Junto a Moreno, el Ministerio Público también inhabilitó a los ex directores del DAS Jorge Noguera a 20 años; María del Pilar Hurtado a 18 años y a Andrés Peñate a 8 meses.
Los tres ex directores de los servicios de inteligencia estatal ejercieron sus funciones durante las dos administraciones consecutivas de Uribe (2002-2006 y 2006-2010).
Las medidas anunciadas el lunes por el procurador General, Alejandro Ordóñez, fueron adoptadas tras investigaciones del escándalo hechas por su despacho.
"Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción", subrayó Uribe.
A renglón seguido, declaró ser también "víctima" de las interceptaciones ilegales".
Recordó que ha pedido reiteradamente "y sin éxito" hacer claridad sobre los "autores intelectuales de casos como las grabaciones de conversaciones entre un agente estadounidense y un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que se presentaron a medios de comunicación para mancillar al Gobierno de entonces".
Uribe añade que preguntó claramente a la Corte Suprema, al DAS y a la Fiscalía por una supuesta investigación que le estarían adelantando por "la temeraria denuncia que me señala de haber contratado a un paramilitar en 2003 para asesinar a otro".
El pronunciamiento de Uribe se produce horas después de que líderes políticos y varios afectados por las escuchas ilegales reclamaran un pronunciamiento del ex presidente.
Así, el ex candidato presidencial Gustavo Petro, una de las víctimas de escuchas y seguimientos, señaló a Caracol Radio que es responsabilidad de los ex directores del DAS que fueron sancionados revelar cuál fue el funcionario del Gobierno que ordenó las interceptaciones ilegales.
"Me parece obvio, por el acervo probatorio que existe, nos quedan debiendo los directores del DAS el revelar quién dio la orden y por qué. Es una opción que la sociedad demanda", señaló Petro, ex candidato presidencial del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).
Entre tanto, el fiscal General, Guillermo Mendoza, señaló que en el caso de las llamadas "chuzadas" no habrá impunidad y recordó que en cada una de las actuaciones se han tenido resultados concretos.
Sin comprometerse con tiempos, Mendoza aseguró también que en las "investigaciones que están vivas" su despacho va a tener resultados pronto.
Por su lado, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, indicó que las determinaciones que se han tomado en el caso de las interceptaciones, estas no se pueden quedar "en las empleadas del servicio" y demandó llegar "hasta las últimas consecuencias".
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS se destapó en 2008 por parte de la revista Semana.
