La legítima protesta generada en México como consecuencia de la desaparición de 43 estudiantes del estado de Guerrero se ha visto empañada por actos de violencia que han dado protagonismo a grupos radicales y evidenciado un vacío de poder, coincidieron varios analistas consultados por Efe.
Siete semanas después de la desaparición de los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, las manifestaciones en el país crecen y cada vez se caldean más los ánimos.
Quemas al Palacio de Gobierno de Guerrero, las instalaciones de la Alcaldía de la ciudad de Iguala y la puerta del Palacio Nacional en Ciudad de México, así como de vehículos, han sido algunas de las acciones de protesta más agresivas y llamativas.
Maricela Portillo, experta en Movimientos Sociales y de Juventud de la privada Universidad Iberoamericana, indicó que estos actos violentos, protagonizados por pequeños grupos, empiezan a incidir en la opinión pública y a dividir a la sociedad.
“Impacta en términos de modificar la empatía generalizada que a todos nos consterna y en este momento eso no nos beneficia a la sociedad civil, que estamos intentado articular un movimiento” sobre “qué podemos hacer frente a esta barbarie”, dijo Portillo.
La también coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Iberoamericana señaló que una de las preguntas que debe hacerse el país es a quién está sirviendo este tipo de acciones y por qué se está dejando que esto ocurra sin que nadie intervenga.
“La sensación generalizada es que hay distintas instancias que parece están siendo sospechosamente permisivas con todo este panorama”, apuntó.
La inacción de las autoridades es atribuida por el experto en seguridad Guillermo Zepeda a la cautela de fuerzas como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna en Ciudad de México y hasta hace un par de semanas en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre dejó el cargo por la crisis.
