El Consejo de Gabinete tiene programado en su agenda de hoy escoger a dos de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están pendientes.
Fuentes del Palacio de las Garzas informaron que los 14 ministros, junto al presidente Ricardo Martinelli, tratarán de llegar a un consenso y escoger a las personas idóneas que ocupen las plazas que dejarán vacantes los magistrados Winston Spadafora, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo; y Alberto Cigarruista, de la Sala Primera de lo Civil.
De hecho, Martinelli dijo ayer en Bocas del Toro que solo nombrará a mujeres como magistradas de la Corte Suprema.
La decisión del Ejecutivo se da, según la fuente, por el poco tiempo que hay para que los diputados ratifiquen las dos designaciones. El pleno de la Asamblea Nacional concluirá su periodo de sesiones el próximo 31 de octubre y entrará en receso hasta el 31 de diciembre, a menos que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias.
Al Gabinete le quedará pendiente el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Quinta, pero no hay fecha definida.
Reacciones.
Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana, manifestó que si el Ejecutivo procede a nombrar hoy a los cinco magistrados estaría violando la Constitución Política.
“El Ejecutivo puede nombrar sin problemas a los magistrados que ocuparán las plazas de los magistrados salientes, porque la Constitución así lo permite, pero si nombra los tres de la Sala Quinta violenta las normas constitucionales y la institucionalidad”, dijo.
Explicó que la Constitución establece que las salas de la Corte están integradas por tres magistrados y si habilitan a los tres magistrados de la Sala Quinta, ya no será así, toda vez que la Sala de Negocios Generales debe ser integrada por los presidentes de las otras salas.
“Se tendrán cuatro magistrados y no tres en la Sala de Negocios Generales”, dijo.
Otro de las escollos que se podrían dar, a juicio de Lee, es que ahora serán 12 y no 9 los magistrados, lo que complica que cuando las decisiones se den parejas el desempate se complique.
Por su parte, Mauro Zúñiga, activista de la sociedad civil, dijo que haberles restado participación a los miembros de la sociedad civil les quita transparencia a estos nombramientos.
La sociedad civil desde que se abrió el proceso cuestionó la convocatoria debido a que se dejó a un lado los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, en donde se le daba una activa participación y amplia consulta ciudadana.
La designación de Harry Díaz fue criticada porque el actual magistrado había ocupado el cargo de ministro encargado.
