Un 52% de las carreras y planes de estudios que dictan las universidades particulares no han sido revisadas por la Comisión Técnica de Fiscalización (CTF), tal como lo establece la norma, según revelan cifras de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá (UP).
De acuerdo con la vicerrectora de Extensión de la UP y secretaria ejecutiva de la CTF, María de Benavides, en tres años (2007 al 2009) solo han logrado supervisar 325 carreras, de un total de 668 que han sido aprobadas y que se imparten en universidades particulares “sin ningún filtro”.
La Constitución establece que son las universidades oficiales de Panamá, la Tecnológica, la Autónoma de Chiriquí, la Marítima y de las Américas, las que tienen la función de fiscalizar a las universidades particulares, para garantizar la legalidad de los títulos que expidan.
Estas funciones se realizan a través del Consejo de Rectores, presidido por Gustavo García de Paredes, que finalmente aprueba los programas.
De Benavides expresó que el proceso de fiscalización se hace lento, porque carecen de recursos propios para estas funciones y se agudiza en el interior del país, pues se debe trasladar al personal, que comprende alrededor de siete funcionarios.
No obstante, según cálculos de la Vicerrectoría de Extensión, los ingresos por concepto de aprobación de los programas de estudios de las universidades privadas en el año 2009 ascienden a unos B/ 100,000.
Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo que los regentes de la educación superior deben garantizar al sector empresarial profesionales que cumplan con un pénsum curricular acorde con las exigencias internacionales.
Mientras, Fernando Arango, de la Cámara de Comercio de Panamá, dijo que la falta de supervisión afecta la productividad y el crecimiento laboral de los colaboradores.
