Cerca del 70% de los autobuses que transitan diariamente por la urbe capitalina están en mal estado, pero el Gobierno no puede sacarlos definitivamente de circulación, porque los usuarios quedarían varados por la ausencia de unidades, aseguró ayer la titular de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher.
La funcionaria subrayó que "el Gobierno está dando respuesta en materia de transporte", aunque la óptica de los usuarios y los medios de comunicación es que las regatas, el mal servicio y los accidentes de tránsito provocados por los "diablos rojos" se mantienen.
"Esto escapa de un control real y efectivo, porque no tenemos inspectores suficientes para estar en las calles", recalcó Gólcher, al cumplirse hoy ocho meses de la tragedia del bus 8B-06, que dejó 18 personas calcinadas y a decenas de nacionales afectados por la pérdida de sus familiares.
Frente a ello, el Comité de Usuarios Movimiento 23 de Octubre, advierte que el Gobierno ha tratado el tema con "paños tibios", pues los transportistas están a punto de lograr sus propósitos de seguir dominando el sector, con el proyecto que se discute en la Asamblea.
"Las autoridades prometen cada día un sistema de transporte mejor, pero no ofrecen soluciones reales y tangibles", apuntó el vocero del grupo, David Ramírez, quien elevó el tono crítico contra el Gobierno por excluir artículos del proyecto que garantizan la seguridad de los usuarios.
Mientras esto sucede, los familiares de las víctimas de la tragedia siguen pidiendo justicia.