La creación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías en la Corte Suprema de Justicia, según los expertos, aliviará en parte al Pleno, pero no a todo el Órgano Judicial.
Y es que para los especialistas sería mucho más conveniente la creación de una jurisdicción especial, que implicaría el establecimiento de tribunales y juzgados que atiendan esta materia.
Actualmente, estos recursos constitucionales, a parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también son vistos por tribunales superiores penales, cuya mayoría de casos se relacionan con homicidios.
Además, los únicos recursos que podrá atender la Sala Quinta son los amparos de garantías constitucionales y los “habeas corpus”; no así los “habeas data” ni las advertencias de inconstitucionalidad y tampoco los recursos y acciones de inconstitucionalidad.
Para que los tres nuevos magistrados de esta sala también atiendan estos recursos se requiere de una modificación a la Constitución Política.
Opiniones.
Para la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño esta sala es necesaria, pero si lo que se quiere es un descongestionamiento en esta materia se necesita una respuesta más integral como lo es la creación de una jurisdicción constitucional.
“Los jueces de primera instancia siguen atendiendo los ‘habeas corpus’ y los amparos de garantías, pero para descargar los temas constitucionales se debe crear una jurisdicción completa. Si se quiere una especialización, entonces se debe pensar en una jurisdicción constitucional y no solo en una sala”, recalcó.
Entre tanto, la exmagistrada Aura Emérita de Villalaz también avala esta propuesta. “Yo prefiero un tribunal constitucional autónomo, totalmente desvinculado al pleno de la Corte, que atienda todos los asuntos constitucionales”,
En octubre de 2009, el entonces presidente de la Corte, Harley Mitchell, presentó un proyecto de ley para desarrollar una jurisdicción especializada en temas de garantías constitucionales y también se presentó un proyecto de acto constitucional para la creación de una sala.
En este último proyecto se propone la modificación del Artículo 206 de la Constitución, específicamente en el punto relacionado con la Corte y al Pleno, la cual se cambiaría por Órgano Judicial y Sala Constitucional, respectivamente.
Para el exsecretario de la Procuraduría de la Nación, Rigoberto González, la jurisdicción constitucional ya existe en la administración de justicia, ya que algunos tribunales tienen que conocer algunos recursos relacionados con el tema.
Señaló que se deben realizar modificaciones en la Constitución para determinar quién tendrá el control constitucional de los casos, si está se mantiene en el pleno de la Corte o los conocerá la sala. Mientras, otra opción es que se quite esa facultad a la Corte y se cree un tribunal meramente constitucional, como existe en otros países, en donde solo conocerían advertencias de inconstitucionalidad y acciones. “Después de 70 años, es hora de especializarse en temas constitucionales”, acotó González.
