Han pasado seis años desde que se elaboraron los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, para reestructurar y modernizar el sistema judicial; sin embargo, estos puntos solo han quedado plasmados en papel.
El presidente del Comité Ecuménico, Pablo Morales, aseveró que en Panamá hay una larga tradición de diálogos y documentos, pero la triste realidad es que las autoridades no terminan de poner en práctica dichos acuerdos.
“No solo el Pacto ha quedado en el olvido, sino la Concertación Nacional para el Desarrollo... no sentimos que haya interés en estos temas”, sostuvo.
Desde que se creó en marzo del 2005 la agenda de reforma judicial con los 29 acuerdos, más de la mitad no se han cumplido, de acuerdo a un mapa de monitoreo realizado por Alianza Ciudadana el año pasado.
Por ejemplo, Alianza asegura que el Gobierno ha incumplido con la aplicación de los cambios introducidos a la Ley 59 que regula los delitos de enriquecimiento ilícito.
Así mismo, ha ignorado otros temas como la necesidad de elaborar una política criminológica de Estado y crear un ente rector de esta política, al igual que la agilización de la justicia penal.
Para la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, el Pacto de Estado por la Justicia ha marcado un paso importante, porque con los acuerdos alcanzados se toma una decisión de transformación del sistema integral de justicia y particularmente del sistema de agilización de justicia penal.
Pero lo triste, asegura, es que han pasado varios años y se han irrespetado estos acuerdos.
“La visión que hubo para hacer una reforma integral de las normas y las penas no ha sido tomada en cuenta en las subsecuentes reformas que se le han introducido al Código Penal”, sostuvo.
