El mismo, consignado al dirigente estudiantil Humberto Alcázar, fue el resultado de faltas administrativas hechas "de forma deliberada", según el informe.
Cuatro catedráticos de probada trayectoria, miembros de la comisión, determinaron que en el caso de Alcázar, también hubo presiones para que algunos funcionarios informados tomaran vacaciones forzosas o se acogieran a su jubilación.
Pese a lo investigado, no se ha establecido la identidad del funcionario quien, obviando los errores, llevó el diploma No. 123, 80 para ser firmado por el rector.
Lo que sí constataron los miembros de la comisión es que unos 948 diplomas, que reposan en la Secretaría General de la UP, presentan irregularidades. Dejan claro que no todos presentan las irregularidades del citado caso; sin embargo, una de las 12 recomendaciones que hacen sus integrantes es que se sometan a revisión.
Las nueva inspección determinaría cuáles diplomas están en esta condición y la cantidad de aquellos que no han sido retirados. También podría saberse la cifra de los que esperan correcciones y cuántos son duplicados.
Ante la posible implicación de la secretaria general de la UP, Ónfala de De Bello en el citado caso, el primer punto en las recomendaciones es revisar las posiciones de mando en esa instancia.
El expediente, a solicitud de la comisión, sería enviado a la Comisión de Personal para determinar responsabilidades y sanciones a los administrativos. Los docentes y el estudiante involucrados quedarían en manos del Consejo Académico.
Sobre los diplomas con errores, los comisionados recomiendan a la Secretaría General destruirlos. Una copia del expediente se enviaría al Ministerio Público.
El documento presentado por la comisión aclara que no hay precedentes similares, según el testimonio de los secretarios generales que precedieron a De Bello.
Los catedráticos comisionados fueron designados por el Consejo Académico, mediante los acuerdos 26-05 y 27-05 de mayo del presente año.
