El director general de Contrataciones Públicas, Eldis Sánchez, advirtió a los directores y jefes de compras de las instituciones que es “obligatorio publicar toda la información” que se genere en las contrataciones directas en el portal electrónico “PanamaCompra”.
La preocupación surge porque no se brindan todos los datos sobre las contrataciones directas y menores, así como de los procedimientos de selección de contratistas y en la etapa contractual.
Actualmente, esta institución reporta que, a 11 meses de gobierno, se han destinado B/ 156 millones en contrataciones directas.
La notificación se hizo para los funcionarios del Gobierno central, las entidades autónomas y semiautónomas, intermediarios financieros, sociedades anónimas en las que el Estado es propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonio, municipios, juntas comunales y la Caja del Seguro Social.
La Ley 22 de Contrataciones, en su artículo 124, establece que "...el sistema de PanamaCompra será de uso obligatorio para todas las instituciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley y a las que se aplique en forma supletoria...".
Reacción.
El presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Arango, dijo que es "indispensable" que en los procesos de compra o venta directa de bienes y servicios del Estado “se cumpla” con PanamaCompra y se otorguen los plazos adecuados.
"En la medida que se cumpla con la Ley de Contrataciones, se garantizará la libre competencia y concurrencia, lo que asegurará un mayor beneficio para el Estado en precio y calidad de los bienes y servicios ofertados", indicó.
El pasado 27 de mayo, el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, también hizo el llamado de atención a estas entidades, debido a que se realizan "múltiples contrataciones directas" y otorgan órdenes de proceder sin el refrendo de Contraloría.
A pesar de que el Viceministro advierte que estos "incumplimientos" podrían provocar demandas contra el Estado, manifestó que se aplicarán "nuevos criterios", pero a partir del 1 de julio.
La ex secretaria anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher, dijo que De La Guardia podría enfrentar sanciones administrativas y hasta penales por la posible "omisión de funciones" al no detener las múltiples contrataciones que se dan sin el aval de Contraloría.
