En la protesta frente a las escalinatas de la sede de la legación diplomática española participaron más de 50 miembros del comité de familiares y víctimas del envenenamiento masivo, dijo a Acan-Efe Gabriel Pascual, presidente de ese grupo.
Pascual señaló que el objetivo era presentar una carta dirigida al embajador de España, Jesús Silva Fernández, expresando el rechazo por el fallo emitido por la Audiencia Española, que archivó la demanda presentada contra la empresa española Rasfer Internacional.
Esa firma fue la que contrató el traslado de China a Panamá de un cargamento de glicerina para la elaboración de medicamentos por parte de la Caja del Seguro Social, que resultó ser dietiglenlicol, una sustancia tóxica que desde 2003 ha causado la muerte de más de 100 personas en Panamá por el consumo de medicinas adulteradas.
La Audiencia y las autoridades judiciales españolas "no actuaron en derecho, sino desde el punto de vista político, protegiendo los intereses de Rasfer y del Estado español", afirmó Pascual.
Añadió que el archivo de la demanda judicial es una "aberración jurídica" y "una burla a la memoria y la dignidad de los afectados por el dietileneglicol en Panamá".
Según el auto por el que se archivó el caso, el producto no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen en China hasta su destino en Panamá, donde llegó una mercancía identificada con las siglas TD (uso industrial), que "la hace inapropiada para el consumo humano", y se falsificó la etiqueta con la denominación "glicerina ups", que determina que es apta para humanos.
"Esta es la causa real del envenenamiento masivo al margen de todo el periplo comercial existente entre las diferentes empresas vinculadas al objeto del proceso", subraya el tribunal, que insiste en que la intermediaria panameña, Grupo Comercial Medicom, fue la que llevó a cabo una "actuación falsaria" para que la Caja de Seguro Social adquiriera la glicerina como si fuera para consumo humano.
Pascual agregó que a la Audiencia Nacional Española "poco le ha importado" la situación de los afectados y que, frente a eso, no les queda "más que aceptar el fallo"."Pero no lo compartiremos, nunca lo vamos a compartir", agregó.
El dirigente se quejó de que personal de seguridad que custodia la sede diplomática intentó impedirles el acceso al lugar, por lo que llevaron a cabo el cierre de una calle durante una media hora.
Explicó que con la mediación de la Policía entregaron la carta a la recepción de la sede diplomática, para que la hicieran llegar al cónsul español, Alberto Miranda.
Pascual dijo que habrá otras protestas del comité para exigirle a las autoridades y la cancillería panameña "un "pronunciamiento firme y contundente" sobre el envenenamiento con el jarabe adulterado.
