La Contraloría General de la República determinó que la venta de lotes pertenecientes al Municipio de Barú, se realizó sin el debido proceso de licitación pública establecido en la ley, ocasionando un perjuicio económico de B/.103 mil.
Vinculados a este caso están los ingenieros Edgar Justavino y Anel Miranda, los asesores legales Braulio González y Eduardo Caballero, y el alcalde del distrito de Barú, Franklin Valdés Pitty.
Las escrituras de compra-venta de estos lotes fueron refrendadas por el alcalde Valdés Pitty, "todo esto en perjuicio de las arcas municipales, ya que los precios de venta resultaron ser más bajos que los establecidos en la ley".
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