Los alcaldes de los distintos municipios del país son los facultados para velar por el fiel cumplimiento de la Ley 16 del 10 de abril de 2002, que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación, aclaró ayer la Alcaldía de Panamá, mediante nota de prensa.
Según la nota de prensa, el artículo 11 de la norma establece que el "alcalde o alcaldesa del respectivo distrito podrá solicitar a la Policía Nacional o la Policía Técnica Judicial, así como decretar inspecciones a los establecimientos comerciales, cuando lo considere para comprobar que no existe discriminación".
Mientras que el artículo 7 establece que cualquier dueño de local, persona natural o representante legal que infrinja esta disposición por primera vez será sancionado con multas de 250 a mil balboas.
Agrega que en caso de reincidencia se duplicará la sanción y de existir una tercera discriminación con la misma persona se cerrará el establecimiento hasta por cinco días, y de registrarse un cuarto hecho se cancelará la licencia indefinidamente.
La Alcaldía de Panamá explica que su Oficina Pro Igualdad en conjunto con la Dirección de Legal y Justicia, velará por el cumplimiento de estas disposiciones.
La referida ley señala, entre otros casos, que los dueños de locales podrán aplicar el derecho de admisión cuando una persona sea menor de edad, en las discotecas y en establecimiento destinados a la venta de licor o a la presentación de eventos exclusivos para mayores de edad.
Según Hernán Roberto Muñoz, inspector de la Playa La Ensenada, "en estos días le pidió al propio alcalde que hiciera un nuevo retrete y pusiera una regadera con la plata que se recoge, y me dijo que estaba planeando a ver si hacía eso. Voy hablar con él de nuevo, porque todo el mundo se está quejando, sobre todo de la suciedad", indicó.
El inspector de la playa Nueva Gorgona del Distrito de Chame, Rodolfo Attes Ortega, quien tiene 15 años de estar trabajando en el municipio, informó que se cobra por el mantenimiento y limpieza de la playa "porque quienes vienen aquí la ensucian y la dejan toda una cochinada, pero no vienen a limpiar. Si nosotros no mantenemos la playa limpia entonces ¿quién lo va hacer?", dijo.
En esta playa, la basura y las viejas estructuras de concreto, le dan un mal aspecto al balneario. La basura es recogida los lunes por cuatro peones, a quienes se les paga.
El dinero recaudado, dijo, se utiliza para cualquier obra en la comunidad en tiempos de invierno, y también "se saca" de allí para cualquier persona que tenga una necesidad económica. En un día bueno, asegura, se recogen entre 50 y 70 balboas en cada una de las cuatro entradas a la playa, donde se cobra.
No hay agua, cestos de basura, ni vestidores y los baños que había fueron destruidos por los delincuentes, ante la poca vigilancia en el lugar. "La gente que viene de la capital destruyó todo, teníamos baños y había muchos gastos al botarse el agua, ahora no hay nada". "Lo que se cobra es por el estacionamiento y por el cuidado de los carros. Las playas en el mundo entero son libres", destacó.
En Punta Barco, donde en tiempos buenos se recaudan en un fin de semana hasta 600 balboas, la corregidora de San José de San Carlos, Aquilina Muñoz, quien en su momento estaba encargada de cobrar la entrada, señaló que lo que se cobra es el estacionamiento y se les permite el uso gratuito de los ranchitos a los visitantes.
Aseguró que el dinero se utiliza para mejoras en el área de playa, y también para otras obras sociales en escuelas, cementerios y a comunidades que no tengan las facilidades de agua o luz y a quien pida para la leche de sus hijos. "El dinero no se recauda para beneficio propio", recalcó.
Al preguntársele si el cobro es ilegal o no, precisó que lo que hay que ver son las necesidades de las poblaciones, que son muchas, por lo que hubo que buscar la forma de ayudar a la comunidad.
"Nosotros les explicamos a los visitantes que lo recaudado es para el beneficio de la playa, porque el representante no se va a quedar con la plata. Hemos ampliado estacionamientos, hay dos servicios higiénicos y se van hacer dos vestidores de bloques", enfatizó.
Las condiciones de esta playa son aceptables, existen baños higiénicos portátiles y pequeños ranchos donde guarecerse, aunque no hay agua para quien se quiera enjuagar.
De acuerdo con el alcalde Salazar, el cobro se estableció por medio de un acuerdo con el Consejo Municipal y publicado en la Gaceta Oficial. Cada municipio ordena la vida jurídica en este tema y establece lo que se va a cobrar para que bañistas con vehículos a motor entren a las playas, ya que se les permite la entrada gratis a quienes entran a pie.
Las tarifas son establecidas de acuerdo con el tamaño del auto y van desde B/.1.00 para las motos, B/. 2.00 para autos sedán, B/.3.00 para los microbuses, B/.5.00 para los buses coasters y B/.10.00 para buses grandes, aunque estos montos varían dependiendo de la playa.
Para la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, desde el punto de vista de lo que establece la Constitución, todas las personas pueden acceder a las playas como un derecho reconocido por la Carta Magna e indicó que es "aceptable" el cobro que se hace en algunas playas para el ingreso de carros, aun cuando no está establecido como un impuesto, sino como una contribución para asegurar su limpieza.
Manifestó que ese cobro les corresponde a las autoridades municipales, ya que según dijo los que asisten a una playa disfrutan de ella, pero no se ocupan de la limpieza.
Expresó, sin embargo, que los dineros recaudados deben ser aprovechados por las alcaldías y juntas comunales. "Yo estaría segura que la gente daría la contribución si se le da servicio sanitarios, duchas y otras ventajas".
Manifestó que ya se ha comunicado con las autoridades municipales y se les ha sugerido que siempre y cuando se le ofrezca un buen servicio al ciudadano, lo más probable es que estén dispuestos a colaborar.
Indicó además que si se está cobrando para ingresar a las playas y asegurar su limpieza, ese dinero debe destinase precisamente a contratar obreros que tengan limpias las playas. "Esa es una exhortación que hemos hecho a los representantes, los alcaldes y a las juntas comunales. Hay que asegurarse principalmente de tener las playas limpias", destacó.
Señaló que los acuerdos municipales que han autorizado los cobros son legales. "Mientras no se les impugne ante la Sala Tercera que lo declare ilegal, jurídicamente es válido", dijo.
Sin embargo, enfatizó que el principio es que se garantice un ambiente de higiene. "A mí no me parece mal que se cobre, siempre y cuando se garantice la limpieza de la playa y que se pudieran ofrecer otras facilidades".
Montenegro de Fletcher recomendó además a los alcaldes y representantes que traten de unificar los montos de los cobros que se hacen a la entrada de las diferentes playas, puesto que en cada un se cobra un monto diferente.
Partiendo desde los propios inspectores en las diversas playas, la fuga de ingresos puede producirse, puesto que este funcionario es el único que se encuentra registrando la llegada de vehículos y es él mismo quien tiene que brindar un informe en Tesorería sobre lo recaudado.
Según el inspector de la playa La Ensenada de San Carlos, Hernán Roberto Muñoz, el sábado 6 de abril, siendo verano y fin de semana, "no cobró ni un dólar", pero los visitantes el domingo 7, superaban las 50 personas, muchas de las cuales habían entrado en vehículos a motor.
De acuerdo con Salazar, el inspector Muñoz fue nombrado por medio de un contrato donde cobra por quincena un 10% de lo que recauda. "El inspector cobra con una libreta numerada los sábados y domingos y el lunes tiene que rendir un informe al tesorero que verifica los recibos con el dinero entregado".
El dinero recaudado dijo, va directo a los fondos del municipio para obras sociales a fin de apoyar a los comedores escolares y el deporte, entre otras actividades, y también para la limpieza de las playas.
Aunque Salazar asegura que se utiliza ese dinero para pagarle a varios funcionarios de limpieza, policía y otros, el inspector de la propia playa Hernán Roberto Muñoz, expresó su molestia porque han pasado tres meses y no se le ha pagado el trabajo que ha hecho durante este verano.
Para la Procuradora de la Administración, el control fiscal de los municipios en la Contraloría tiene que vigilar que los recursos de los municipios se manejen como debe ser y se utilicen para las actividades y los servicios que la comunidad necesita.
De acuerdo con Aquilina Muñoz, corregidora de San José de San Carlos, los dineros son fiscalizados por la tesorera de la Junta Comunal, quien envía el control a Contraloría en Chame. La Tesorería informa de los ingresos y egresos de esos recursos. "Tenemos que hacer un informe de los gastos, por mes, del dinero que se usa para obras sociales, e incluso rendimos un informe a la comunidad de lo que se recauda y lo que se gasta", destacó.
En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) Pedro Acosta, debe haber un control fiscal más estricto donde se compruebe que los dineros que cobraron sean utilizados para fines específicos. "Porque las quejas de los usuarios son que las playas siguen sucias, los estacionamientos no sirven, les roban en los carros; te cobran un dinero que nadie sabe a dónde va a dar".
Lo cierto es que se está cobrando una tarifa en estas playas, considerada por los bañistas como muy alta y las mejoras brillan por su ausencia. Quienes asisten a los balnearios esperan disfrutar de una playa limpia y con las comodidades básicas que se merecen.
