La decisión de aplicarle a un proyecto las guías de buenas prácticas de ambiente o un estudio de impacto ambiental no quedaría en manos de una entidad idónea, sino del Ejecutivo, sostuvo Raisa Banfield, dirigente ambientalista.
De esta manera, Banfield indicó que la elección pasaría a ser política.
En tanto que representantes de Fundación Natura aseguraron que no era necesario tal modificación. Al tiempo que manifestó que había un interés del Gobierno.
Gabriela Etchelecu, de Fundación MarViva, dijo que la medida pone en riesgo el financiamiento que pueda dar el Banco Mundial.
Se explicó que las guías de buenas prácticas ambientales son para proyectos de bajo impacto, pero que de acuerdo a la nueva ley se aplicaría hasta para proyectos de alto impacto.
