La ampliación de las sumarias seguidas el fiscal electoral Gerardo Solís por presunto delito de injuria en perjuicio del político Hernán Delgado, ordenó la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de la máxima corporación se fundamenta en el hecho que dentro del sumario remitido por el Ministerio Público existía un cassette con las declaraciones de Solís en donde supuestamente calificaba de delincuente a Delgado, pero la citada cinta desapareció del expediente.
A raíz de esta situación, se ordenó la reposición de la cinta y realizar una nueva declaración jurada al periodista que realizó la entrevista al fiscal electoral.
De acuerdo con la Corte, estas evidencias no se pueden valorar el mérito legal del sumario, por lo que se hace necesario la práctica de estas pruebas por parte del Ministerio Público.
La investigación contra Solís iniciaron en noviembre del 2004, luego que Delgado presentara la denuncia y aportara el cinta con las declaraciones del fiscal.
A la vez, establece que ninguno de los contratados acude a la Asamblea a laborar, ya que han sido observados en sus respectivos barrios donde se residen en horas laborales.
También se solicitó que se investigue el supuesto otorgamiento a los diputados de oposición de la suma de B/.15,000 en contratos de servicios profesionales adicionales, por parte del Gobierno Nacional.
En la denuncia presentada por José Antonio Wilburn, se aporta el número de cédula, el número del contrato y la cantidad de dinero devengado por las supuestas "botellas".
Algunos de los contratos que se hace mención en la denuncia presentada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción ascienden a sumas entre los B/.1,500 y B/.500 por prestar ningún servicio.
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