La Asamblea Nacional de Panamá podría extender otros dos meses la investigación que por presunta corrupción se sigue en el órgano Legislativo al magistrado separado Alejandro Moncada Luna, dijo hoy una fuente parlamentaria a un medio local.
El diputado Pedro Miguel González, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y fiscal del caso, señaló que analiza solicitar dicha extensión a las tres diputadas que actúan como juezas de garantías del proceso.
González indicó que se basará en la Ley procesal penal "para pedir una extensión, declarándose compleja la investigación, como en efecto lo es".
En este caso, según el diputado fiscal, "lo que aplica es el numeral 3 de artículo 504 del Código Procesal Penal de modo que se duplique el termino original (de investigación), es decir que estaríamos hablando en todo caso, si esa fuese la decisión de las juezas de garantía, de 2 meses adicionales".
El pasado 20 de octubre, una subcomisión parlamentaria separó del ejercicio del cargo al magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna para investigarlo por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad pública, entre otros supuestos delitos.
La separación provisional del ejercicio del cargo de Moncada "se justifica por la existencia de suficientes elementos de convicción" para creer que incurrió en corrupción, dijo en su momento la presidenta de la subcomisión parlamentaria, la diputada del gubernamental Partido Panameñista (PPa) devenida en jueza de garantías Katleen Levy.
Moncada fue imputado por la subcomisión parlamentaria de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.
La subcomisión dictó contra Moncada prohibición de salida del país, la obligación de mantenerse en su domicilio, y ratificó la "aprehensión provisional" de dos apartamentos, uno de los cuales es la residencia del magistrado, valorado en más de 1,7 millones de dólares.
A partir del 20 de octubre empezó a correr el periodo de dos meses que tiene el diputado fiscal para investigar e instruir el sumario, plazo que puede ser prorrogado por otros seis meses cuando concluya el 20 de diciembre, según han explicado fuentes legales.
Al término de ese plazo, si la subcomisión parlamentaria cree que las pruebas son válidas y suficientes, debe remitirlas a la comisión legislativa de Credenciales que decidiría si el caso va a juicio del pleno y que este decida sobre su culpabilidad o no, explicó hoy González.
González destacó que se requiere el voto de los dos tercios de los diputados que forman el pleno para un veredicto de culpabilidad, de lo contrario, añadió, "el veredicto sería de no culpabilidad".
Sobre la posibilidad de que Moncada renuncie de magistrado, González indicó que hasta ahora éste no ha tomado esta decisión, pero que si lo hace "la Asamblea pierde competencia, este fiscal pierde competencia" y todo quedaría en manos del Ministerio Público.
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