Antinori denuncia "censura previa" ante la OEA

Un informe especial sobre el derecho a la libertad de expresión en Panamá, que contiene denuncias contra las leyes mordaza, persecución contra periodistas, y la censura contra los diarios "Panamá América" y los programas "La Cáscara" y Calle 13", presentó ante la OEA, el Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
El informe fue presentado el pasado 21 de abril ante el Relator de la Libertad de Expresión, Santiago A. Cantón, de la OEA, quien a su vez incluyó la denuncia de Antinori, en su reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en el Continente, publicado en parte en Panamá, el 1 de mayo.
En el documento del Ombudsman se dedican diez páginas a la denuncia de normas que permiten la "censura previa", (como son el Decreto de Gabinete No. 251 y la Ley 11 del 10 de febrero de 1978) y a los casos sometidos a censura como "La Cáscara y Calle 13", así como de Editora Panamá América SA. ( EPASA).
Según Antinori, al momento de presentar su informe ante la OEA, el Relator por la Libertad de Expresión, Santiago Cantón, desconocía el problema que había confrontado EPASA, con relación a la multa impuesta por el Tribunal Electoral por la publicación de una encuesta.
También reveló el Ombudsman, haber incluido en su informe el caso de "La Prensa" y el control de la circulación de algunos de sus diarios, "para no hacer circular unas encuestas" donde resultaba favorecida la candidata presidencial de oposición, Mireya Moscoso.
El informe fue presentado ante la OEA en Washington, por dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo, Lic. Débora Fernández y Angélica La Vitola, y en el mismo se abordan casos sobre las "violaciones a la libertad de expresión en Panamá", que incluye casos de periodistas procesados por calumnia e injuria.
Se denuncian también las "leyes que incorporan la calumnia e injuria como delito", y se especifican los casos seguidos a los periodistas Marcelino Rodríguez, Brittmarie Janson Pérez, Carlos Singares, Blas Julio, Herasto Reyes, Jorge Prosperi, José Otero y Gabriel D"annunzio Rosanía.
También el grueso informe denuncia los casos de los periodistas Carmen Boyd, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, y Rigoberto Caballero.
La Defensoría del Pueblo denunció además la vigencia de normas que vulneran la libertad de expresión como son aquellas "leyes de desacato", que incluyen el artículo 33 de la Constitución, el artículo 202 del Código Judicial, y el artículo 45 del Código Administrativo.
Bajo el acápite dedicado a la "violencia y amenazas a integridad personal", contenido en el informe, se menciona a los periodistas Manuel çlvarez, José Garibaldi, Jorge Ruíz, David Pérez, y Aquilino Ortega, a quienes funcionarios públicos llegaron a amenazar, e incluso agredir físicamente.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de carácter permanente que fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA al que le compete promover la observancia y defensa de los derechos humanos.