Los funcionarios que sean señalados por casos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra el Estado ahora contarán con el blindaje de una nueva legislación que reduce el tiempo de prescripción de la acción penal en estos delitos.
Se trata del proyecto de ley 523 sobre el procedimiento de extradición y modificaciones al Código Procesal Penal, el cual fue aprobado ayer en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley, durante su segundo debate, habría recibido nuevas modificaciones propuestas por los diputados de Cambio Democrático (CD), Abraham Martínez, Sergio Gálvez, y Carlos Afú (hijo), y el Molirena Francisco Alemán, donde se cambiaron artículos del Código Procesal Penal.
Con estas modificaciones, ahora, en esos casos, la acción penal prescribirá “en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley”, cuando originalmente era “al vencimiento del plazo igual al doble del máximo”.
Es decir, en el caso del delito de peculado la caducidad se reduciría a 10 y 15 años, cuando originalmente era de 20 y 30 años.
Las modificaciones también incluyen un cambio en el Código Judicial, referente al proceso de extradición, donde se establece la suspensión de los procesos de hábeas corpus o cualquier otro recurso, en caso de que el imputado haya sido deportado o ya no esté en el territorio nacional.
Reacciones
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, afirmó que los cambios en la prescripción de la acción penal fueron “inconsultos” y que la legislación debió ser debatida para consensuar un tiempo adecuado.
“Con esto le acortan el tiempo a los fiscales que investigan estos delitos, con esta iniciativa lo que hacen es sorprender y limitar la participación de la sociedad civil”, argumentó.
El abogado reconoció que 30 años para investigar un caso de peculado o enriquecimiento ilícito es mucho, pero aclaró que este tipo de delitos donde se involucran funcionarios es mucho más complicado.
“El peculado pasa por prueba sumaria, requiere informes de Contraloría, es decir, es una investigación difícil y se requiere de un término mayor para que lo investigue el fiscal, se debió discutir para consensuar el término”, aclaró.
El exprocurador, Rogelio Cruz, explicó que el Ministerio Público puede demorar años en sus investigaciones, aunque aclaró que si el involucrado es un diputado, la pesquisa la realiza la Corte Suprema de Justicia, que ahora, según la Ley 55 de 2012, el magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de los dos meses siguientes a su iniciación, sino podría extinguirse la acción penal.
“Esta nueva ley complementa el blindaje que se hicieron los diputados con la Ley 55”, analizó.
El presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, dijo que la nueva ley no va dirigida únicamente a ellos, sino a todos los funcionarios. “Queremos que se investigue de inmediato y no se espere a que el funcionario se vaya del cargo para abrirle un proceso”, indicó .
La nueva ley solo espera sanción del Ejecutivo.
