La Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate por unanimidad, el contratoley entre el Estado y la empresa estadounidense Panama Canal Railway Company para la privatización del ferrocarril de Panamá.
El documento exonera de impuestos a la compañía en maquinarias, rieles, vagones, aceites, ruedas, además tendrá que pagar a los municipios por donde pasa el ferrocarril hasta un máximo de B/.50.
Mientras que el legislador del Partido Liberal (PL), Alberto Cigarruista manifestó que no entiende el motivo por el cual la Cámara quiere aprobar el documento "con rapidez".
Expresó que la mala confección y estudios de los planos del proyecto le costará al Estado 40 millones de balboas en recaudaciones que dejará de pagar la empresa Panama Ports Company, por el acuerdo a que llegó con el gobierno perredista.
"No hay apuro cuando se está comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones, cuando están en juego los intereses del país. Yo sí tengo cuestionamientos que hacerle a la empresa, ya que ella está para hacer negocios", sostuvo el legislador santeño.
Según el contratoley, la terminación laboral del Estado con los empleados culminará 30 días después que se apruebe el proyecto de ley, sumado que el sindicato no podrá negociar convenciones colectivas con la Panama Canal Railway Company, durante los primeros dos años, pero los empleados "gozarán de libertad sindical".
El ferrocarril de Panamá funciona desde 1887 y en la actualidad se encuentra prácticamente en "chatarra", debido a que los diversos gobiernos no le han dado mantenimiento desde que los norteamericanos lo revirtieron a Panamá en 1979.
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