El proyecto de ley de Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2,002, el cual asciende a B/.795.4 millones fue aprobado ayer en tercer debate de manera unánime por el pleno de la Asamblea Legislativa. De recibir la sanción y promulgación correspondiente de parte de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, el presupuesto entraría en vigencia el próximo 1 de octubre y estaría hasta el 30 de septiembre del año 2,002.
Según se establece en el proyecto de ley, el presupuesto de la ACP contiene transferencias al Estado panameño por un monto de B/.226.8 millones a razón de B/.154 millones por derecho a peajes por tonelada neta; B/.29 millones por tasas de servicios públicos, policía, recolección de la basura y otros; se incluyen otros dividendos por B/.43 millones.
Los ingresos de la ACP corresponden a B/.593 millones por concepto de peajes, otros ingresos por servicios prestados por un monto de B/.189 y B/.12.5 millones por intereses bancarios devengados por fondos depositados en bancos. A pesar de que durante el debate, el legislador Jacobo Salas reiteró sus cuestionamientos al proyecto de ley de presupuesto de la ACP, la propuesta fue aprobada de manera unánime por todos los legisladores presentes en el recinto legislativo.
Previo a la discusión del proyecto de ley se presentó un grupo de trabajadores de la ACP que solicitaron se les otorgara cortesía de sala para explicar su inconformidad con esta propuesta. Mario Miranda, vocero de los manifestantes, denunció que desde el momento en que se dio el cambio de administración de los norteamericanos a Panamá, se han disminuido las medidas de seguridad, lo cual se agrava porque las botas, uniformes y material de trabajo que se les otorga para su trabajo no cumple con la calidad requerida, a pesar de que el presupuesto incluye sumas millonarias para este renglón, razón por la cual no pueden estar de acuerdo con esta propuesta.
El legislador Carlos Afú, presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó ante el pleno que las denuncias de los sindicalistas fueron escuchadas y evaluadas previo a la aprobación del proyecto en primer debate. Legisladores de diversas bancadas expresaron su preocupación, ante la posibilidad de que con la ejecución del nuevo presupuesto se hagan despidos y se desaloje a los campesinos que viven en la cuenca del Canal de Panamá, sin tomar en cuenta sus necesidades. No obstante, el administrador de la vía interoceánica, Alberto Alemán Zubieta, se comprometió con que no habrá tales despidos y que se respetará el derecho de los campesinos que viven en la cuenca.
