Casi tres años han pasado desde que estalló el escándalo del Programa Escuelas Dignas por Escuelas Rancho y no hay respuestas positivas de las investigaciones que inició el Ministerio Público.
Y es que el informe de auditoría que debía realizar la Contraloría General de la República nunca fue remitido a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que comenzó las investigaciones, por lo que se solicitó el sobreseimiento provisional del caso, y dicha petición fue admitida por el Juzgado Decimoquinto de lo Penal.
La fiscal tercera anticorrupción, Yolanda Austin, comenzó las averiguaciones en enero del 2009, luego que el abogado Guillermo Cochez presentó una denuncia contra las personas que resultaran responsables de las supuestas irregularidades en los contratos directos de las empresas que participarían en el programa para cambiar las escuelas rancho por escuelas dignas.
Según la denuncia, se favoreció a compañías recién creadas que recibieron en conjunto más de 2 millones de dólares y que tenían vínculos familiares con altos funcionarios del MEDUCA y con algunos políticos del PRD.
Los contratos se realizaron durante la gestión del exministro de Educación Belgis Castro. La investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública puede reabrirse si la Contraloría envía el informe.
Mientras tanto, el único informe que reposa en el MEDUCA, de las 71 escuelas rancho, solo existen 18 contratos, de los cuales algunos estaban en trámite, refrendo o ejecución.
Reemplazan “escuelas rancho”.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que están implementando un nuevo proyecto que reemplaza el programa de escuelas rancho por escuelas dignas.
El proyecto se llama Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes, que auspicia el BID a un costo de 32.4 millones de dólares y será una escuela en cada comarca rodeado de 30 a 40 escuelas primarias; dos ya fueron licitadas.
Neftalí Vega, dirigente magisterial, explicó que cientos de escuelas rancho cada vez están peor.
