Los datos
- Los transportistas
- Según el artículo 17 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, los conductores del transporte público en Panamá están obligados a conducir a velocidades establecidas, poseer un seguro para cada puesto, llevar extintor, no poseer papeles ahumados, cobrar la tarifa fijada por ley, contar con las características mecánicas específicas, conocer de primeros auxilios, entre otras disposiciones.
- Los usuarios
- Los pasajeros también tienen que cumplir un compromiso al abordar un vehículo del transporte colectivo en este país. Según el artículo 16 de la misma ley, los usuarios están obligados a pagar el valor del pasaje, según la tarifa correspondiente, cumplir con los reglamentos de uso, salud e higiene y moral que establezca el concesionario, en lugares visibles, responder por los daños que cauce al vehículo.
Nadie puede garantizar que los transportistas ilegales cobren el precio establecido por la ley, aseguraron conocedores del tema.
La preocupación de los expertos en transporte público surgió ayer tras la segunda jornada del inventario implementada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que busca conocer cuántos busitos piratas prestan el servicio en la capital del país y en la provincia de Panamá Oeste.
En este sentido, David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de Octubre, señaló que, a pesar de que la medida parece sana, los piratas no tienen autoridad moral ni legal para cobrar más de lo que dice la Ley 34 de 1999.
“La medida es saludable en el sentido de saber quiénes son los dueños de estos vehículos que son conducidos por irresponsables. Sin embargo, el cobro que ellos hacen es ilegal y deben someterse a las reglas del juego si quieren afiliarse a una prestataria”.
Según la Resolución N.° 670 de julio de 2011, el pasaje en rutas troncales debe ser de 0.25, pero los piratas que viajan a sectores como la 24 de Diciembre, Pedregal, Tocumen, La Cabima o Chilibre cobran de 0.50 a $1.50.
Para la activista Esperanza Mena, el censo no servirá para determinar qué tarifa deben cobrar los buses alternativos que viajan hacia muchos lugares, sobre todo a Arraiján y La Chorrera. Mena expresó que en jornadas dominicales, días patrios, libres o feriados, “estos señores cobran de $2.50 a $5.00... si quieren ser legales que empiecen a cobrar lo justo”, manifestó la dirigente.
Por otro lado, Rafael Reyes, dirigente del Sindicato Nacional de Taxis de Panamá, expresó que su organización no avala el conteo de estos vehículos porque no es sana para el sistema de transporte. “Tenemos una ley que exige a quienes les compete prestar el servicio y habla también de qué tipo de vehículos deben ser utilizados para transportar pasajeros y estos piratas que han llevado luto y dolor a muchas familias no deben estar en el sistema”.
Ayer, en un acto público, el presidente Juan Carlos Varela reiteró que la intención del Gobierno no es legalizarlos, sino de llevar una estadística para hacer que cumplan con el Reglamento del Tránsito.
“La ATTT está tomando un censo para que los que no prestan el servicio salgan de circulación... El proceso es para que el pueblo sienta que el Estado está vigilando”, destacó Varela.
