Como "peligrosa" fue calificada la propuesta para que se incrementen las penas de cárcel en el país, advirtió la Defensora del Pueblo, Mónica Pérez, quien advirtió que la medida no resolverá el tema de la criminalidad y encarecerá los gastos en que incurre el Estado para atender a la población penitenciaria.
Sostuvo que la percepción de los ciudadanos sobre el problema de la criminalidad y la alarma que estos hechos provocan, la frecuencia con la que ocurren y los daños que producen, generan una percepción distorsionada sobre el temor al delito que sienten los ciudadanos, lo cual incrementa el riesgo de que las autoridades tomen medidas equivocadas.
Consideró que en vez de un aumento de penas se debe establecer una política de Estado dirigida a mejorar la prestación del servicio de seguridad pública mediante la prevención del delito.
Esto se logra, dijo, con acciones vinculadas con la participación social dirigidas a evitar hechos o actos que puedan atentar contra la integridad de las personas, sus bienes o derechos.
Pérez aseguró que la espiral de violencia que se vive, la escasez de oportunidades para los habitantes, en especial para la población juvenil, ha generado una crisis social que repercute en el sistema penitenciario, el cual se va a agudizar cada día más reflejándose en el alto índice de hacinamiento.
El Código Penal que actualmente discute la Asamblea Nacional sugiere un incremento de las penas de 20 a 35 años de cárcel para casos de homicidios atroces.
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